SANTIAGO.- La segunda fiscal de la Corte de Apelaciones, Silvia Pérez, propuso al ministro instructor Raúl Rocha, quien investiga el bloqueo de calles realizado por los empresarios microbuseros en agosto pasado, aplicar penas de cinco años y un día a los cinco procesados en la causa.
El magistrado Rocha, que cerró hace dos semanas el sumario del caso, debe enviar ahora la propuesta de la fiscal a las partes involucradas, es decir la Intendencia Metropolitana y los empresarios microbuseros, para que hagan sus descargos, para luego decidir si acoge la propuesta de la fiscal o si establece otra sanción para los imputados.
Los empresarios del Consejo Superior de Transporte que fueron encausados por violar la Ley de Seguridad Interior del Estado y que podrían ser condenados, son Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Orlando Panza, Marcel Antoine y Armando Huerta.
A los cinco empresarios se les acusa de ser los responsables de un bloqueo de calles efectuado el 12 de agosto pasado y que paralizó y causó grandes perjuicios a la capital.
Según consigna el informe de la fiscal, el mencionado día "una cantidad importante de microbuses de diferentes recorridos ocuparon en forma concertada diversos nudos viales que conforman la rotonda Américo Vespucio y las principales arterias que a ésta convergen... disponiendo los vehículos de tal manera que bloqueaban calles e intersecciones impidiendo el paso de cualquier vehículo, ya sean de emergencia, policiales o de cualquier naturaleza, con lo cual se impidió el libre tránsito, el libre acceso y desplazamiento por calles y avenidas de la Región Metropolitana".
Luego que el Gobierno, a través de la Intendencia Metropolitana, se querellara en contra de los dirigentes, éstos permanecieron dos semanas en prisión hasta que el ministro Rocha les concedió la libertad bajo fianza.
Aquel 12 de agosto, el gremio autobusero capitalino aisló las comunas periféricas de la capital al aplicar un verdadero "candado" sobre el anillo Américo Vespucio en rechazo a los cambios que el Gobierno pretende hacer en el transporte público.
Usando apenas el 10% de sus vehículos -unas 800 máquinas- los dirigentes pusieron en jaque a las autoridades. La jornada terminó con 675 conductores detenidos y 663 buses confiscados.
