SANTIAGO.- El Gobierno decidió adoptar dos medidas de carácter legislativo a raíz del escándalo de coimas que ha remecido a la Concertación, y anunció que resolvió decretar urgencia simple al proyecto de ley de financiamiento público de las campañas electorales, como también reponer en la discusión parlamentaria la moción para hacer obligatoria una declaración de bienes a los funcionarios que desempeñen en el ámbito público.
El ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, anunció este viernes las dos medidas delineadas por La Moneda para evitar que nuevas situaciones de este tipo de repitan en el futuro, y enfatizó, en todo caso, que las responsabilidades por los hechos conocidos tanto en el Gobierno, en la Iglesia y en el Ejército en los últimos días, son responsabilidades personales de quienes las cometen, que no debieran involucrar a las instituciones.
Paralelamente, y antes de iniciar su viaje a México a la cumbre de la APEC, el Presidente Ricardo Lagos dijo en Arica que su administración será inflexible en castigar cualquier atisbo de corrupción protagonizado por funcionarios públicos.
"Me ha dolido que al interior de las instituciones de Gobierno haya habido anuncios de corrupción. Por eso quiero decir aquí, y desde aquí decirle a Chile, que al igual que el cardenal Errázuriz y al igual que el Comandante en Jefe del Ejército, como Presidente seré inflexible en castigar a aquellos que han violentado la confianza pública cometiendo actos deshonestos (...) Aquellos que han defraudado serán castigados con todo el rigor de la ley. Esa es la forma cómo tenemos que actuar como país", dijo enfáticamente.
En la misma línea, pero en el palacio de La Moneda, el vocero del Ejecutivo hizo hincapié en que estas medidas ayudarán en alguna forma a detener los posibles actos de corrupción, y citó como una necesidad trasparentar el gasto de las campañas electorales y la relación que existe entre el poder y el dinero.
"Hay una relación oscura entre dinero y política en nuestro país. En Chile se gasta por habitante nueve veces que en Inglaterra, y se gasta más que en Japón. ¿Y de dónde vienen esos dineros, qué compromisos traen detrás?", señaló el personero al justificar una de las medidas.
De la otra iniciativa, en tanto, Muñoz explicó que según las estimaciones del Gobierno, más de 4 mil funcionarios públicos deberán declarar los bienes con los que cuentan a la hora de ingresar a la administración del Estado.
"Tenemos que salvaguardar nuestras instituciones. Porque nos hemos ganado un buen prestigio internacional como uno de los países menos corruptos del mundo, tenemos que tener una actitud de prevención y de sanción cuando se descubren a frescos y a aprovechadores que creen que los recursos del Estado pueden ser usados como peculio personal", dijo Muñoz.
A las dos medidas anunciadas por el Gobierno se suma la iniciativa auspiciada por un grupo de diputados oficialistas, encabezados por el socialista Alejandro Navarro, quien se reunió esta mañana con el ministro Secretario General de la Presidencia, Mario Fernández, a fin de pedir el apoyo del Gobierno a un proyecto de ley para regular la actividad del “lobby”.
La norma, que además es impulsada por los diputados DC Zarko Luksic y Carlos Olivares y el PPD Leopoldo Sánchez, busca que mediante este tipo de mecanismo se ponga freno a la corrupción que podría darse en la administración pública cuando hay intereses económicos de por medio.
“El lobby está instalado abierta e impunemente en Chile. De hecho, hay lobby hacia todos los poderes del Estado, debido a desregulación, falta de transparencia y miles de solicitudes de intervención hacia autoridades para lograr la aceleración o rechazo de proyectos. Hoy el Parlamento es objeto de lobby. Ahí están los proyectos de reforma al Código de Aguas, la Ley Eléctrica, la ley de Pesca y, qué decir, la ley de Divorcio. El lobby está erosionando la institucionalidad y la ética de la política”, dijo el diputado Navarro a la salida de su reunión con el ministro Fernández.
Tombolini asume en el radicalismo
En un evidente signo de que la asunción de Patricio Tombolini como presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) incomoda a La Moneda, ninguno de los ministros políticos acudirá esta tarde a la sede del radicalismo a presenciar la ceremonia.
Pese a que el Radical es un partido que compone la Concertación y que lo normal es que para estas ceremonias acuda al menos un representante oficial del Gobierno, éste claramente desea aparecer lo más lejos posible del escándalo desatado por el presunto pago de coimas, y no verse así salpicado en el caso que involucra al radical Tombolini y al PPD Víctor Manuel Rebolledo.
La complicación, incluso, llega hasta el propio Presidente Ricardo Lagos, quien en virtud de la asunción de Tombolini como timonel del radicalismo, lo debiera recibir junto a su directiva en una reunión protocolar en La Moneda.
A este respecto, el ministro Muñoz evitó pronunciarse del tema, y sólo se limitó a reiterar que eso es materia privativa del Presidente de la República, y dijo no tener información sobre la materia.
“Ha sido muchas veces el caso (la reunión de Lagos con las nuevas directivas de los partidos). A veces eso toma días, en otras veces es más rápido, pero no sé cuál es la disposición del Presidente de la República en esta materia todavía”, dijo el vocero gubernamental.
