SANTIAGO.- El ex jefe de gabinete de ministerio de Obras Públicas, y hombre clave en el llamado caso coimas, Alejandro Chaparro Cavada, renunció hoy al Partido Por la Democracia (PPD) y a su cargo en la Empresa Portuaria de Antofagasta.
A Chaparro se le acusa de haber cobrado, presuntamente, junto a Eric Leyton, un vale vista por 15 millones de pesos, otorgado por el empresario Carlos Filippi.
Según informó el vespertino "La Segunda", Chaparro habría dicho a uno de sus cercanos que "no me voy a tirar en contra de nadie. Voy a decir la verdad. Escuché el mensaje del Presidente y creo en el Presidente Ricardo Lagos. Y si dice que hay que decir la verdad, caiga quien caiga, yo la voy a decir, pero en los tribunales".
A la misma persona le habría dicho que su renuncia a la empresa portuaria es para evitar "poner en riesgo al Gobierno. Y también voy a renunciar al PPD porque quiero tener total libertad para en mi defensa decir la verdad".
Alejandro Chaparro, una de las personas presuntamente involucradas en el "caso coimas", renunció hoy al PPD y presentó su dimisión a su cargo de director de la para el que fue nombrado por el Presidente Ricardo Lagos, en junio del 2000.
Ministro en Visita
La Corte de Apelaciones de Rancagua designó al magistrado Carlos Aránguiz como ministro en visita para que investigue las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de plantas de revisión técnica, que están vinculadas en actos de corrupción que involucran a políticos del oficialismo.
Así lo resolvió el tribunal de alzada luego de que el subsecretario de Transportes, Guillermo Díaz, interpusiera una querella por los supuestos pagos ilícitos que habrían recibido el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) Víctor Manuel Rebolledo y el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini.
El juez Aránguiz instruirá además el proceso por irregularidades en las concesiones de plantas de revisión de Rancagua, por las que se encuentra procesado el empresario Carlos Filippi, quien inició las acusaciones en contra del diputado Rebolledo y Tombolini.
Cabe recordar que Díaz interpuso ayer una querella criminal en la Corte de Apelaciones de Rancagua, señalando que "lo segundo que hemos presentado es una solicitud de un ministro en visita ante la Corte de Apelaciones, dada la gravedad de las acusaciones que se han formulado tanto públicamente como también a través de algunas documentaciones".
"Como Ministerio queremos dar certeza a la ciudadanía de que queremos actuar con la mayor transparencia y probidad, y dar garantías de que esta investigación seguirá hasta las últimas consecuencias", indicó.
Sin embargo, nuevas denuncias emitidas por el empresario Alejandro Denham, dueño de casi la mitad de las plantas de revisión técnica del país, implicarían al diputado democratacristiano Jaime Jiménez, quien rechazó tajantemente la acusación.
En otro orden, la tarde de ayer se concretó finalmente la clausura de la planta de revisión técnica del empresario Alirio Bravo en la localidad de Litueche y la especie de sucursal que fue autorizada en mayo último en Rancagua, tras el cierre de las dos plantas del procesado Carlos Filippi.
Así se aplicó la resolución administrativa de caducidad de la concesión, luego de comprobarse que la planta otorgaba certificados de revisión técnica sin que los vehículos pasaran por el recinto.
La diligencia fue encabezada por el secretario ministerial (seremi) de Transportes de la Sexta Región, Héctor Iribarren, quien señaló estar consciente de que los usuarios de la zona tendrán problemas, sobre todo aquellos cuyos vehículos habían sido rechazados en una primera revisión.
Por lo tanto, anunció una solución para las próximas horas y precisó que en todo caso sigue funcionando otra planta en la población Dintrans de Rancagua, donde también se investigan posibles anomalías que fueron denunciadas por el empresario Carlos Filippi, pero que hasta ahora han sido detectadas por la secretaría regional.
