SANTIAGO.- El Ejército de Chile informó hoy que ya está tramitando la baja a los miembros de la institución que fueron procesados por la jueza del 16º Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, por trasgresión de la Ley de Control de Armas y Explosivos.
El viernes pasado la magistrada sometió a proceso a cinco de los seis militares detenidos por el caso originado tras la detención de una banda de narcos que poseía armas proporcionadas por efectivos castrenses, y a ocho civiles por delitos relacionados.
Los militares procesados son el coronel en retiro de Ejército Edmundo O'Kuingttons, el mayor en servicio activo Fernando Sanhueza, el sargento Gerardo Muñoz, y los cabos Carlos Carreño y Carlos León Pérez. Este último, además, fue encausado por el delito de asociación ilícita para cometer narcotráfico.
A través de un comunicado, la institución castrense sostuvo hoy que, conforme a la orden dispuesta por el Comandante en Jefe, Juan Emilio Cheyre, ya se efectuó un control de la totalidad del cargo del armamento militar existente, procedimiento que implicó la revisión de más de 500 almacenes de material de guerra en setenta reparticiones a lo largo de todo el país.
Según detalla el documento, "en la fiscalización no se detectaron novedades, y se comprobó que periódicamente se habían realizado los controles que la reglamentación militar dispone".
La institución comunicó además que en el operativo fue verificado el armamento que se encuentra en custodia en los almacenes militares por orden de los distintos Tribunales del país, así como también el proveniente de armerías que deben mantenerse bajo cautela especial de acuerdo a la ley.
El procedimiento abarcó la totalidad de las armas bajo el cuidado de Arsenales de Guerra, donde sólo las de origen civil por procesos en los tribunales, alcanzaban al día lunes 27 del presente, la cifra de 35.800. El resultado permitió comprobar en todos los casos, la presencia del armamento conforme a las cantidades establecidas en los registros oficiales.
Se informó además que se ordenaron otras medidas complementarias, como la constatación de las inscripciones de las armas particulares del personal militar, y las normas de seguridad de los almacenes de acuerdo a la reglamentación de seguridad militar vigente.
La institución señaló además que expresó a las autoridades pertinentes la necesidad de intensificar la labor preventiva para evitar el ingreso, tráfico y comercio ilegal de armas, situación que está fuera del ámbito de acción del Ejército.
