SANTIAGO.- El Gobierno, a través de la Intendencia de Santiago, adhirió a la propuesta de condenas de cinco años y un día que hizo la segunda fiscal de la Corte de Apelaciones, Silvia Pérez, en contra de los cinco dirigentes microbuseros acusados de transgredir la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Así lo informó el ministro que investiga el caso, Raúl Rocha, quien deberá esperar la respuesta de los empresarios del transporte a la propuesta, antes de resolver la sentencia que les impondrá por haber bloqueado las principales calles de Santiago el 12 de agosto pasado, en el marco de una paralización.
Con la decisión del Gobierno, el panorama para los cinco dirigentes imputados, Manuel Navarrete, Demetrio Marinakis, Marcel Antoine, Orlando Panza y Armando Huerta, quienes estuvieron dos semanas en prisión, se ve bastante negativo.
El magistrado Rocha puede resolver aplicar la propuesta que hizo la fiscal, la que consideró como muy importante, o imponer según su parecer penas superiores o inferiores a cinco años y un día.
Informe condenatorio
El informe de la fiscal Silvia Pérez, dado a conocer el 23 de octubre pasado, fue categórico en señalar que, tras una asamblea del consejo microbusero realizada el 8 de agosto, en la madrugada del día 12 diferentes líneas de buses ocuparon "en forma concertada" las intersecciones del anillo Américo Vespucio.
El informe sostuvo además que "se produjo la interrupción del funcionamiento de los servicios públicos o de utilidad pública, industriales, comerciales, de transporte o de distribución, impidiéndose el libre acceso a dichas instalaciones".
Según la fiscal, "se desprenden cargos suficientes y fundados" para estimar a los acusados como autores de infracción a la Ley de Seguridad.
