SANTIAGO.- Un sumario realizado por la Contraloría General de la República establece que entre 1995 y 1997, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) produjo un daño superior a mil millones de pesos al patrimonio fiscal en un contrato de seis kilómetros de pavimentación en la X Región, hecho que involucra directamente al Presidente de la República, Ricardo Lagos, quien entonces se desempeñaba como titular de la cartera.
El caso fue denunciado esta mañana por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Víctor Pérez y Claudio Alvarado, quienes aseguran que no se trata de un hecho aislado, sino más bien de una situación generalizada.
Según el informe de la Contraloría, en 1995 se llamó a propuesta pública para la terminación del camino Chonchi-Teupa, obra que fue adjudicada a un contratista por un presupuesto de 770 millones de pesos.
Las negligencias de la cartera, como lo determina la Contraloría en el sumario, hizo imposible que el contratista terminara la obra, por lo que en 1997 el MOP contrató, de una manera directa, a la empresa Bitumix, y en lugar de pagarle los 770 millones de pesos presupuestados en el pacto original, le canceló 1.800 millones.
Esta cifra, sumada a lo que la cartera había desembolsado anteriormente, hizo que el MOP pagara en definitiva 2.180 millones de pesos por los trabajos de pavimentación de los seis kilómetros. Es decir, el kilómetro de camino costó 350 millones de pesos, cuando lo normal, según el diputado Pérez, es que no cueste más de 100.
Asimismo, la Contraloría determinó, a partir de un examen de las partidas contratadas en el trato directo en comparación con las mismas partidas cobradas por Bitumix en obras similares en la región, diferencias entre un 58% a un 230% superiores.
"Esto lo sabía el MOP (...) y al parecer no se dieron cuenta. Por lo tanto, a nuestro juicio, aquí no sólo estamos hablando de negligencia, de indiferencia, de un manejo irresponsable de fondos públicos, sino que también aquí uno tiene la duda razonable de que pueda haber arreglos entre el ministerio y la empresa que construyó esta obra", sostuvo el parlamentario.
Lo más grave, según Pérez, es que nadie es responsable de esta iregularidad, puesto que la Contraloría debió sobreseer al Subdirector de Obras de la Dirección de Vialidad, Mario Fernández, ya que habían transcurrido más de cuatro años entre la fecha en que se incurrió la acción que dio origen a los pagos excesivos, que fue el 31 de diciembre de 1997.
Para Alvarado, en tanto, quien es diputado del distrito donde se realizaron los trabajos, llama la atención el hecho de que la misma empresa Bitumix, cuando se hizo la propuesta pública original, había postulado al contrato por 900 millones y no se la adjudicó porque ésta tenía un valor superior al acordado con la primera empresa. Luego de un año, relata el parlamentario, Bitumix se adjudicó la obra por prácticamente dos veces su valor.
"Aquí literalmente se está botando la plata, se está dejando que las arcas fiscales se desangren. Nadie controla y dice absolutamente nada. Cuando la Contraloría observa y repara estas situaciones al ministerio, decide posteriormente iniciar un sumario porque las propias respuestas de éste a la Contraloría son consideradas, por el organismo de control, poco satisfactorias. El ministerio no tenía explicación de por qué se habían cancelado precios excesivos", explica Alvarado.
Pérez sostuvo que "aquí no sólo se le está produciendo un daño al fisco sino que a la empresa que ganó la propuesta pública" y a la que después se le dejó sin efecto el contrato, por lo que -a su juicio- el Estado tendría que indemnizarla.
Agregó que el informe de la Contraloría concluye diciendo que se podría tratar de una situación generalizada el hecho de que el Ministerio de Obras Públicas deje sin efecto algunas propuestas y que luego las adjudique a privados.
Por ello, ambos parlamentarios van a exigir que se investiguen todos los contratos realizados por la cartera de Obras Públicas a lo largo del país, pues no creen que el resultado de esta investigación sea sólo una casualidad o un hecho aislado.
Respecto de la responsabilidad que le cabría al Presidente Ricardo Lagos en estos pagos excesivos, Pérez dijo que "los ministros son responsables políticos de lo que pasa en sus carteras, y si durante su ministerio sucede esto, tiene una responsabilidad. (...) Pero el punto es que nadie aquí es responsable", dijo.
Los diputados informaron que van a remitir los antecedentes entregados por la Contraloría al Consejo de Defensa del Estado para que analice si se está en presencia de un delito.
