SANTIAGO.- La ministra en visita para el caso de los doce jóvenes muertos en extrañas circunstancias en la Undécima Región, Alicia Araneda, viajó este miércoles a la capital para desarrollar una serie de diligencias en la causa.
Según informó radio Cooperativa, antes de ingresar al aeropuerto de Balmaceda la magistrada fue consultada acerca de la confianza en su trabajo expresada por familiares de los fallecidos, aduciéndose que su respuesta fue sólo levantar el dedo pulgar en señal afirmativa.
La ministra Araneda decretó el martes órdenes de arraigo para dos de las personas que aparecen imputadas en la querella presentada por los familiares de las víctimas.
Los afectados son el dentista y capitán de Ejército Jorge Carreño y el civil Juan Carlos Farías, quien permanece internado en el hospital de Coihaique por un accidente que sufrió hace una semana.
La resolución de la ministra Araneda parece ser consecuencia de las primeras diligencias que inició este martes para aclarar el caso, específicamente la conversación que sostuvo en el Juzgado de Letras de Puerto Aisén con los familiares de las víctimas, para que ratificaran la querella que interpusieron.
El libelo presentado por los parientes de los primeros cinco jóvenes dados por desaparecidos, contiene nuevos datos que podrían probar que éstos fueron asesinados y no se suicidaron.
Se trata de los familiares de Roberto Lagos, Víctor Hugo Barría Mardones, Paulina Gómez Gómez, Mario Lepío y Víctor Díaz Nahuelquín. En la querella se alude también a la muerte de los otros jóvenes, lo que permitiría aclarar todo el caso.
Gladys Mardones, madre de Víctor Hugo Barría, el primero de los jóvenes dados por muerto, en 1997, dijo entre llantos que ahora acoge la petición de la ministra Araneda de tener confianza en su trabajo.
Canal 13 no acepta incautación de material
En una de las aristas de la investigación, Canal 13 rechazó este medidodía la medida preventiva decretada por la magistrada Alicia Araneda, en orden a incautar el material periodístico que respecto al caso posee la estación televisiva.
Ésta definió la medida como "un atentado a la libertad de expresión y al derecho del público de estar informado sobre los hechos de trascendencia que estamos investigando".
La ministra en visita arribó esta tarde a la capital para continuar con las diligencias del caso y la muerte de 12 jóvenes de esa región austral.
