SANTIAGO.- En el cuarto piso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, y ante una masiva concurrencia similar a la que hubo en la jornada de ayer, se reinició a las 15:30 horas de esta tarde la vista de la solicitud de desafuero que afecta a seis diputados concertacionistas.
Ante el pleno de ministros rancagüinos, integrado por los magistrados Raúl Mera (presidente), Carlos Bañados, Héctor Retamales, Jacqueline Rencoret, y Lilian Medina, expondrán hoy sus argumentos los abogados de tres de los seis diputados que han sido involucrados en el caso coimas.
Según el orden estipulado, comenzará con los alegatos el profesional Eduardo Sepúlveda, quien representa al diputado PRSD Eduardo Lagos, a quien seguirá el abogado Nurieldín Hermosilla, defensor del parlamentario PPD Víctor Manuel Rebolledo.
A continuación concluirá la maratónica jornada de dos días de exposiciones el abogado Jorge Boffil, quien representa al diputado Aníbal Pérez, el único de los seis parlamentarios que no fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado.
Antes de entrar a la Corte, el abogado Eduardo Sepúlveda reiteró su absoluto convencimiento de que “el diputado Eduardo Lagos no tiene responsabilidad en hecho ilícito alguno”.
"Yo estoy convencido de que la corte no va a acceder a la petición de desafuero", aseveró el profesional.
Maratónica jornada
Tres horas y diez minutos duro en la tarde de ayer la vista del desafuero.
Luego de la relación privada de la causa, a cargo del relator del pleno Carlos Moreno, acción que se extendió por 45 minutos, expuso su alegato el abogado querellante y miembro del Consejo de Defensa del Estado, Guillermo Neale, quien sostuvo que el desafuero no significa un procesamiento ni una condena, sino que sólo abre una puerta al órgano encargado de recopilar antecedentes para ahondar en los hechos que se investigan.
El profesional del CDE dijo además que los hechos que se presentan contra los diputados tienen características de delitos, para lo que citó dos de las tres acusaciones por las que el juez Aránguiz procesó al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini.
Luego de la intervención de Neale, presentó sus argumentos el abogado del diputado PS Juan Pablo Letelier, quien sostuvo que su representado se ha visto afectado en esta causa debido a la odiosidad y actitud de venganza del empresario rancagüino Carlos Filippi. Dicha animadversión derivaría de la negativa de Letelier de ayudar a Filippi con los conflictos por irregularidades en sus plantas de revisión técnica.
El profesional detalló que es difícil ejercer la defensa del diputado al no saber exactamente de qué se le acusa, por lo que basó sus argumentos en los delitos consignados en el auto de procesamiento dictado el 8 de noviembre pasado por el ministro en visita Carlos Aránguiz, en el que se sostiene que un parlamentario -que en este caso sería Letelier- intercedió para que no se cerrara una planta de revisión técnica.
Al respecto, Bunger aclaró que Letelier sólo consultó lo que ocurría con la planta debido a que los trabajadores estaban preocupados por su futuro laboral.
En otro caso, Bunger añadió que la relación de su representado con la Escuela de Conductores Siglo XXI se concentra únicamente en que ésta le donó 18 millones de pesos para su campaña electoral. Dicho monto fue prestado por Carlos Filippi a la escuela, ya que no contaba en ese momento con el dinero.
Tras un receso de quince minutos, inició su intervención el abogado Fernando Uribe Etxeverría, representante del diputado Cristián Pareto, quien argumentó ante el pleno que la solicitud de desafuero, hecha por el magistrado Carlos Aránguiz, no respeta el debido proceso puesto que se está acusando a personas que no saben por qué delitos están siendo imputados.
Explicó además, que al no indicar los hechos, la resolución del ministro en visita no cumple ni en el fondo ni en la forma con las leyes a las que toda persona tiene derecho.
La jornada concluyó cerca de las 19:00 horas con la exposición del abogado Carlos Cortes, quien patrocina al diputado (DC) Jaime Jiménez.
Cortés basó su alegato sosteniendo que la Corte de Rancagua no tiene competencia para resolver sobre esta solicitud de desafuero, puesto que los hechos que se le imputan a su representado no han sucedido en la VI región.
El abogado cuestionó además la facultad de Aránguiz de solicitar el desafuero de los diputados, puesto que él es sólo un ministro en visita y no un ministro de fuero.
