SANTIAGO.- Junto con solicitar a la Contraloría General de la República que realice una auditoría a los gastos reservados del Gobierno, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaron este lunes al contralor, Gustavo Sciolla, que investigue los antecedentes que demostrarían que la Secretaría General de la Presidencia estaría falseando la información sobre qué tareas cumplieron y cuántos fueron los funcionarios a contrata en esa repartición durante los años 2000 y 2001.
El diputado fiscalizador gremialista Víctor Pérez, junto a su homóloga Marcela Cubillos, explicó que los mencionados antecedentes están siendo solicitados por su partido desde comienzos de año y aún no han recibido respuesta.
"Tenemos información fidedigna desde el interior de uno de los ministerios de que esta información está siendo preparada para finalidades engañosas, puesto que los informes jamás se hicieron, las personas contratadas a honorarios jamás realizaron un trabajo real y efectivo", dijo Pérez.
El parlamentario añadió que según los antecedentes con que cuenta, en la Secretaría General de la Presidencia se habría nombrado un equipo cuya función es tratar de "rearmar" los informes sobre los años 2000 y 2001, por lo cual en la reunión "le hemos entregado al señor contralor los antecedentes que, a nuestro juicio, demuestran esa preparación de información claramente engañosa".
Pero también le solicitaron al contralor, a nombre de la UDI, la realización de una auditoria a los gastos reservados del gobierno, lo que su colectividad considera necesario a partir del hecho, que se hizo público, de que los ministros y subsecretarios reciben sobresueldos en sobres con dinero en efectivo.
Esto, enfatizó Pérez, se ha visto agravado luego que durante el fin de semana y esta mañana se conocieron, a través de la prensa, nuevos antecedentes que indican que también recibían dineros provenientes de los gastos reservados del gobierno partidos políticos, "a candidatos de la Concertación, a alcaldes de la Concertación, a organizaciones gremiales vinculadas a la Concertación", lo que "demuestra claramente un accionar ilegal, la voluntad política de cometer hechos que transgreden normas legales específicas y eso requiere necesariamente un auditoria por parte de la Contraloría General de la República".
Según Pérez, Sciolla les informó que ya solicitó a sus asesores el marco legal para realizar una acción que permita verificar si los sobresueldos son, en verdad, gastos reservados.
Lo más grave, a juicio del diputado opositor, es que hasta el momento ninguna autoridad de gobierno haya negado categóricamente la información de prensa sobre que los gastos reservados han sido utilizados para financiar partidos, gremios.
A este respecto, Pérez precisó que "los son gastos reservados, pero no tienen por qué ser ilegales. Es muy distintos gastos reservados de gastos ilegales y el gobierno de la Concertación, de manera sistemática, ha cometido un uso ilegal con estos fondos".
