SANTIAGO.- En un verdadero boomerang se transformó para el Gobierno el informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) acerca del uso que le da el Ejecutivo a los gastos reservados como suplemento de los sueldos ministeriales y la tributación que en virtud de este ítem debieran hacer los ministros de Estado, subsecretarios y otras altas autoridades de la administración.
A raíz de ello, La Moneda decidió guardar silencio acerca de los alcances legales en que podría derivar el dictamen del ente fiscalizador, por cuanto éste deja en evidencia una contradicción entre lo dicho primeramente por el Gobierno de que los gastos reservados se ocupan en suplementar los sueldos de diversos funcionarios, y el posterior discurso de que el uso de estos dineros son ocupados como gastos de representación, y por lo tanto, no tributables en virtud de su origen.
El silencio asumido en el palacio de Gobierno respecto al tema responde a que el informe del SII deja la puerta abierta para interpretaciones, pues si bien éste estableció que los gastos de representación derivados de los gastos reservados no son tributables (artículo 17, número 16 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta) precisa también que si los pagos no han sido usados para esos fines deberían ser declarados como renta, y por lo tanto, tributables.
Y esto último es justamente lo que atrapó a La Moneda, pues en un comunicado fechado el 18 de noviembre pasado, el Ministerio Secretaría General de Gobierno declaró, entre otras cosas, que a los ministros y subsecretarios "el Gobierno les suplementa el sueldo base con gastos para representación", aduciendo que ésta es una práctica conocida y antigua.
Al comunicado oficial se sumaron las palabras del titular de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien al igual que el vocero del Gobierno, Heraldo Muñoz; habló los primeros días de sobresueldos y de la necesidad de legislar para que éstos fueran transparentados.
No obstante, el discurso inicial de designar estos pagos como sobresueldos varió a medida que La Moneda evidenció que podría estar cayendo en una ilegalidad, pues por una parte a los gastos reservados se les estaban dando otros fines para los que no fueron autorizados, y por otra, se evadía tributos al no declararlos como parte de la renta.
Ello, en cualquiera de los dos casos, es, al menos, una irregularidad.
En su actual vocería de los viernes, el ministro Heraldo Muñoz optó por reafirmar la postura ideada por los asesores de La Moneda y evitó ahondar en mayores explicaciones del asunto, trasladando esa labor el Servicio de Impuestos Internos y al informe que este organismo ya emitió.
No obstante, y tras intentar sortear las consultas periodísticas y versiones que indican que algunos personeros estarían pensando en regularizar la situación, el secretario de Estado admitió finalmente que deberá ser cada ministro el que decida tributar o no estos ingresos.
"Cada ministro sabrá cómo cumple con el dictamen de Impuestos Internos", dijo Muñoz, tras lo cual agregó que "tengan la seguridad que voy a cumplir con la ley enmarcado con el dictamen de Impuestos Internos".
Tras el episodio, La Moneda apuesta a que el tema adopte el camino legislativo que se abrirá cuando la próxima semana el Gobierno envíe los proyectos de ley a favor de la transparencia y la probidad, entre cuyas disposiciones destaca el aumento del sueldo para el Presidente de la República y los ministros de Estado, la concursabilidad de 3 mil 500 cargos de la administración pública y la regulación de los gastos electorales.
