SANTIAGO.- Esta mañana comenzó en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la vista de las apelaciones a las condenas que el 5 de agosto pasado dictó el ministro en visita Sergio Muñoz en contra de 12 implicados en el crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrido el 25 de febrero de 1982.
El tribunal -integrado por los magistrados Rosa María Maggi, Cornelio Villarroel y Víctor Montiglio- deberá escuchar durante esta jornada la relación de la causa, que consta de más de 30 mil fojas, por lo que los alegatos recién comenzarían mañana.
El 5 de agosto pasado, el ministro Muñoz condenó a Carlos Herrera Jiménez a cadena perpetua como autor del homicidio del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), y a 10 años al general (r) Arturo Álvarez Scoglia, como autor intelectual del crimen.
Además, condenó a ocho años a los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, como encubridores del hecho, y a seis años a los suboficiales (r) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier, como coautores materiales.
Muñoz dictó también 800 días de pena remitida para los generales (r) Hernán Ramírez Hald, Hernán Ramírez Rurange y Fernando Torres Silva, y 541 días de presidio remitido para el coronel (r) Enrique Ibarra.
Finalmente, el magistrado condenó a tres años a los militares (r) Jorge León Alessandri y Juan Carlos Arriagada por haber entregado el arma homicida a los autores.
Se estima que ante la Corte presentarán sus argumentos alrededor de 16 abogados, razón por la cual los alegatos se extenderán por, al menos, dos días.
El representante de la familia de Tucapel Jiménez, Jorge Mario Saavedra, sostuvo que solicitarán a la Corte que aumente las condenas de varios de los imputados. "Lo que vamos a pedir es la pena justa, la pena exacta a este crimen tan horrendo que ha marcado la historia del país. Tiene que ser una pena poderosa para que esto no se repita más", afirmó.
En tanto, el hijo del asesinado dirigente, Tucapel Jiménez, reiteró que la familia no quedó conforme con las penas dictadas por el magistrado y que, por lo tanto, harán saber su parecer al tribunal.
"Esperamos que la Corte de Apelaciones rectifique estas condenas, sobre todo en el caso de los autores materiales", afirmó.
Jiménez se refirió en específico a la situación de Álvaro Corbalán, quien -a su juicio- es al menos encubridor o cómplice, y quedó totalmente afuera del proceso.
Por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la abogado María Inés Horvitz sostuvo que el organismo que representa está satisfecho con la existencia de un fallo de primera instancia, pero que "no estamos contentos con la magnitud de las penas aplicadas, y por ello vamos a instar a que se eleven sobre todo respecto de aquellas personas que a nuestro juicio tuvieron una especial responsabilidad en los hechos por su jerarquía dentro del Ejército".
La abogada detalló el especial interés del CDE en revisar la situación del ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva.
Finalmente, el abogado Gustavo Collao, quien representa al brigadier (r) Víctor Pinto, sostuvo que ante el tribunal alegará por la "absoluta exculpabilidad de los cargos que se le imputan" a su defendido, y explicó que para los abogados defensores todas las salas de la Corte resultan adecuadas para llevar a cabo su punto de vista, en referencia al papel de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones en el caso.
