JOHANNESBURGO.- Sudáfrica rechazó el miércoles una petición del gobierno de Chile de extraditar al activista Jaime Yovanovic Prieto, acusado de asesinar a un general durante el gobierno de Augusto Pinochet.
Prieto, un profesor de leyes requerido por la justicia por el asesinato en 1983 del general Carol Urzua y sus dos guardaespaldas, fue detenido en agosto en Johannesburgo luego de que la Interpol giró una orden de arresto en su contra.
El Ministerio de Justicia de Sudáfrica dijo que Prieto no será extraditado porque el asesinato tuvo motivaciones políticas y esto lo expone a ser sentenciado a la pena de muerte. En Chile no hay pena de muerte.
"Sudáfrica no lo extraditará", dijo a la agencia Reuters el portavoz del ministerio, Paul Setsetse. "No se trata de un delito común. El delito fue puramente político", agregó.
La embajada de Chile en Pretoria no hizo ningún comentario inmediato sobre la decisión de Sudáfrica, país en donde está prohibida la pena de muerte y que además no tiene un tratado de extradición con Chile.
El Ministerio de Justicia fue duramente criticado por la Corte Suprema de Justicia de Sudáfrica el año pasado por haber entregado al fugitivo Khalfan Mohamed a Estados Unido sin negociar una garantía de que no sería ejecutado.
Una corte de Estados Unidos condenó después a Mohamed a cadena perpetua por su participación en los ataques de 1998 a la embajada de Washington en Dar es Salaam.
Prieto, de 54 años, fue arrestado en el aeropuerto de Johannesburgo a principios de agosto cuando llegó a Sudáfrica para asistir a una conferencia sobre la Tierra auspiciada por las Naciones Unidas.
Pasó más de dos meses en una prisión de Sudáfrica mientras las autoridades chilenas preparaban su petición de extradición.
Durante una audiencia para fijar su fianza, Prieto dijo que no creía que fuera a recibir un juicio imparcial de las autoridades militares chilenas.
"Lo que están tratando de probar es imposible", dijo Prieto tras quedar en libertad bajo fianza.
Prieto dijo que era miembro del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) cuando Urzua fue asesinado, pero que no estuvo involucrado en el ataque.
Tres miembros del MIR fueron convictos por el asesinato a balazos de Urzua y sus dos guardaespaldas y fueron sentenciados a la pena de muerte. Su pena fue conmutada después por cadena perpetua.
Sudáfrica anuló las condiciones de su libertad bajo fianza y dijo que ahora la permanencia de Prieto en el país incumbe sólo a él y a las autoridades migratorias.
"El estatus de su estancia en Sudáfrica es un asunto entre él y el Ministerio del Interior", dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado.
