SANTIAGO.- Dos ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron sometidos a proceso como presuntos autores del homicidio de la mirista Paulina Aguirre Tobar, ocurrido en el sector de El Arrayán en 1985.
El dictamen en contra de los ex funcionarios del servicio de seguridad fue adoptada por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda Arancibia.
El juez heredó esa investigación de su colega Juan Guzmán Tapia cuando la Corte Suprema decidió redistribuir las más de 300 querellas que estaban en manos del último y que habían sido dirigidas en contra del general (r) Augusto Pinochet.
La acción por el asesinato de la muchacha figuraba entre ellas y fue presentada por sus padres, con el patrocinio del abogado Francisco Bravo.
En la época de su deceso, la víctima tenía 20 años y militaba en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
El abogado de la familia, Francisco Bravo, dijo en la querella que el asesinato de Aguirre Tobar ya había sido consignado en el Informe de la Comisión Rettig, cuyos integrantes llegaron a la convicción de que la muchacha pudo ser detenida por los efectivos, pero que, sin embargo, fue ultimada.
Los abogados Jorge Zepeda, Daniel Calvo y Alejandro Solís buscan aclarar lo más pronto posible las causas sobre violaciones a los derechos humanos que les asignó la Corte Suprema, pues el tribunal les aconsejó que cumplieran su cometido con la mayor celeridad posible.
También tienen asignaciones especiales la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Elgarrista, y media docena de jueces del crimen de Santiago.
Todos ellos tienen que informar con periodicidad a sus superiores de los avances que experimentan en su trabajo.
