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Gobierno: El desafuero no significa una condena

En un comunicado oficial leído por el ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, La Moneda reafirma su postura de acatamiento de los fallos judiciales, pero aclara que "el desafuero no significa una condena de los parlamentarios, por tanto no corresponde prejuzgar antes de terminada la investigación".

14 de Enero de 2003 | 14:12 | Mauricio Campusano, El Mercurio Internet
SANTIAGO.- Tras hacer una evaluación del impacto que generó el fallo de la Corte Suprema que desaforó a los cinco diputados de la Concertación, el Gobierno hizo hincapié en que el dictamen de esta mañana no significa una condena a los parlamentarios, sino sólo un antejuicio que permite seguir investigándolos.

En voz del ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, La Moneda reafirmó su postura de acatamiento de los fallos judiciales y que en virtud de ello no hay comentario posible que hacer.

"En relación con los fallos del máximo tribunal conocidos hoy, el Gobierno declara, una vez más, que en un estado de derecho corresponde acatarlos. Somos respetuosos del poder judicial", versó el comunicado público leído por el vocero gubernamental, quien declinó contestar preguntas de la prensa.

El documento añade que "el desafuero no significa una condena de los parlamentarios. Por tanto, no corresponde prejuzgar antes de terminada la investigación, sometimiento o no a proceso y fallo definitivo".

También el ministro Muñoz reafirmó la postura del Ejecutivo en orden a que se investiguen y esclarezcan todos los casos que tengan relación con presuntas irregularidades, tanto en la adjudicación de plantas de revisión técnica como en el papel que jugaron los diputados oficialistas en el denominado Caso Coimas.

Por último, Muñoz declaró que "esta es la oportunidad precisa para que el Congreso avance en la aprobación de las iniciativas enviadas por el Gobierno a raíz del escándalo de coimas" y emplazó a que se aprueben, entre otras materias, las leyes que regulan el financiamiento de las campañas políticas, la actividad del lobby y las remuneraciones que reciben los funcionarios públicos en cargos directivos.
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