SANTIAGO.- El Presidente de la República, Ricardo Lagos, firmó hoy, en medio de sentidas declaraciones sobre el complicado momento político que vive el país, el decreto supremo que crea la llamada Comisión Asesora Presidencial Para el Fortalecimiento de los Principios de Probidad y Transparencia Pública.
La instancia tiene entre sus objetivos el estudio, de oficio o a petición del Presidente de la República, de la normativa nacional vigente en materia de probidad pública y privada.
Al mismo tiempo, la entidad -que será encabezada por el presidente del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Luis Bates- recomendará las modificaciones que estime convenientes orientadas a reducir los índices y tipo de corrupción que afectan al país y promoverá en los distintos sectores de la sociedad chilena iniciativas que fortalezcan la ética y la transparencia del país.
Durante la firma del documento, el Jefe de Estado dijo que hay que ser capaces de tomar las medidas necesarias para que casos como Gate y Coimas no se repitan. "Si no hacemos lo adecuado para que esto continúe, difícilmente tendremos en la actividad pública a los mejores. Hay que corregir ahora y con energía", enfatizó.
El mandatario agregó que "esta importante comisión la quiero entender como la convicción de que llegado el momento, todos nosotros, como país, seamos capaces de una doble tarea: exigir que los tribunales de justicia hagan su tarea, pero también tomar las medidas indispensables para dar un gran salto y convertir esta crisis en una oportunidad sobre cómo modernizamos el Estado y cómo lo ponemos acorde de las exigencias internacional".
El Presidente se refirió también a los últimos casos de corrupción que lo han preocupado "de sobremanera, porque estos hechos han involucrado a altos funcionarios de gobierno y parlamentarios. Esto sin perjuicio de la presunción de inocencia de que goza todo ciudadano".
El organismo asesor estará compuesto por el presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Luis Bates; el director ejecutivo del Proyecto de Modernización del Estado, Angel Flisfish; el subdirector de Presupuesto, Alberto Arenas; el presidente del comité de defensa de los derechos del ciudadano, Francisco Fernández; el director del Consejo de Auditoría Internas del Gobierno, Gonzalo Sánchez; la directora del Instituto Libertad, María Luisa Brahm; el especialista del Instituto Libertad y Desarrollo, Eugenio Guzmán; el investigador del CEP, Salvador Valdés; el vicedecano de la facultad de Estudios Públicos de la Universidad Andrés Bello, Patricio Zapata; el especialista en DD.HH., José Zalaquett; el director de Acción Empresarial, Francisco Javier Cox; y el secretario ejecutivo de Transparencia Internacional, Rodrigo Medina.
La comisión deberá entregar un primer informe de la situación y de las prácticas de la administración del Estado en marzo próximo, a fin de que el Gobierno pueda elaborar y tomar medidas para avanzar en su solución.
