ANTOFAGASTA.- Por unanimidad el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy desaforar al diputado Mario Escobar, quien fue acusado de los delitos de estafa y apropiación indebida de fondos municipales cuando era director de la Corporación de Cultura y Turismo de esa ciudad en los años ’90.
La resolución, de cinco carillas, adoptada por seis de los siete ministros del tribunal de Alzada, sostiene que "ha lugar a la formación de causa en contra del honorable diputado don Mario Guillermo Escobar Urbina, por los hechos que se da cuenta en esta sentencia y que están siendo investigados en la causa rol Nº 5978-2 del Tercer Juzgado del Crimen de Calama".
El documento sostiene además que "ejecutoriada que sea la presente sentencia comuníquese lo resuelto al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados y a la señorita juez titular del Tercer Juzgado de Letras de Calama".
La decisión tomada por los magistrados Helvetia Castrillón Cofré (presidenta de la Corte), Enrique Álvarez, Marta Carrasco, Laura Soto, Carlos Gajardo, y Patricia Almazán, es apelable ante la Corte Suprema de Justicia.
Mario Escobar, ex cuñado de Patricio Tombolini, está acusado por presunta estafa y manejo irregular de fondos públicos, hechos que habrían ocurrido en 1996 cuando era director ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Calama.
El cargo más grave es una supuesta sobrefacturación en el precio que se pagó por la adquisición de alpacas destinadas a los comuneros aimaras.
Se entregaron 20 millones de pesos para la compra de 120 animales y sólo se adquirieron 69.
El parlamentario, quien a mediados de diciembre de 2002 renunció a la UDI para no dañar a la colectividad con esta situación judicial, indicó que las acusaciones se hicieron en medio del fuerte clima electoral del distrito 3 (Calama, Tocopilla, María Elena, Ollagüe y San Pedro de Atacama), que significó la derrota de la ex diputada Fanny Pollarolo (14.344votos) y el triunfo estrecho del actual jefe de la bancada DC, Waldo Mora (14.427), y de Escobar (13.746).
La Corte había dejado en acuerdo la decisión luego de escuchar el martes pasado los alegatos del abogado del parlamentario, Manuel Pimentel, y del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Bonilla, por la parte querellante.
