SANTIAGO.- La presidenta ejecutiva de Aero Continente, Lupe Zevallos, y su abogado Hugo Ortíz de Filippi, se reunieron esta tarde, por espacio de una hora, con el Ministro (s) de Economía, Alvaro Díaz, para solicitar medidas que permitan reabrir las operaciones de la aerolínea en Chile.
Zevallos valoró la cita y manifestó que "el hecho de que estemos conversando con el Gobierno chileno es un avance y por ello tenemos la esperanza de volver a operar en Chile".
En relación a la investigación de la justicia contra su empresa,indicó que esperaba que terminara pronto ya que "hasta ahora no se ha probado que haya habido un acto delictivo e ilícito de Aero Continente".
Por su parte, el abogado Hugo Ortíz de Filippi reiteró que la medida de revocar la autorización para operar en Chile a la aerolínea por parte de la Dirección de Aeronaútica Civil fue "ilegal y arbitraria".
Agregó que es caso de no haber una compensación del Estado chileno por los errores cometidos, la empresa va a recurrir al el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para resguardar las inversiones que hizo en Chile Aero Continente.
El Ministro (s) de Economía, Alvaro Díaz, en tanto, manifestó que el Gobierno tiene la disposición de escuchar planteamientos en materias que no estén relacionadas con la controversia ya resuelta por la justicia chilena, ya que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema confirmaron la legalidad de la medida dispuesta por la autoridad de aeronaútica civil.
La Dirección de Aeronáutica Civil canceló el año la pasado la licencia de operación de AeroContinente acusándola de violar reglas internacionales, lo que la empresa niega.
El Gobierno invitó a Zevallos a la reunión con Díaz conforme a las disposiciones del convenio chileno-peruano de protección recíproca de inversiones.
Pero antes del encuentro, Díaz aclaró que éste era básicamente una formalidad, y no significaba "un paso adelante".
Durante su actual visita a Chile, Zevallos acusó al Consejo de Defensa del Estado de Chile, (CDE), de haber sobornado a peruanos con antecedentes criminales para que entregaran testimonios contra la empresa. El CDE negó la acusación.
