SANTIAGO.- Con la finalidad de detener los múltiples casos de corrupción que afectan tanto a las instituciones públicas como privadas, los diputados UDI Rosa González y Mario Varela plantean crear una Fiscalía Nacional Anticorrupción.
Su objetivo, indican es poner "atajo" a los posibles escándalos de sobornos, coimas, cohechos y otros que pudieran ocurrir a futuro en el país, como consecuencia de no tener las instituciones adecuadas para poner freno a este tipo de delitos, que han involucrado a personeros e instituciones públicas del país y que han conmocionado a toda la sociedad chilena.
Según los parlamentarios, también propondrán el aumento en un grado la penalidad para todos aquellos delitos que involucren a personeros públicos y que dada su envestidura, se aprovechan de esta condición para delinquir, enlodando tanto a sus instituciones como a aquellos funcionarios honrados y honestos que aún quedan en el sector estatal.
"No es posible, -dijeron-, que cada vez que ocurren este tipo de hechos, se tenga que recurrir a solicitar Ministros de Corte especiales, para que investiguen estos deleznables delitos, dejando de lado otros importantes casos que estaban radicados en sus tribunales, demorando con ello el otorgamiento de justicia que tienen todos y cada uno de los chilenos".
"Queremos evitar esto, y por ello creemos que es necesario crear un organismo que tenga la autonomía suficiente para investigar inmediatamente y con todas las facultades de un Ministro en Visita, todo aquel posible delito en que pueda estar involucrado un funcionario público, incluso con la facultad de separarlo, - sin mediar justificación -, de su cargo, como una forma de resguardar el éxito de la investigación", indicaron.
Según el proyecto de los diputados UDI, este Fiscal Nacional Anticorrupción, dependiente y designado por de la Corte Suprema, tendrá amplias facultades para investigar los delitos que conozca y para ello delegará funciones en Fiscales Regionales Anticorrupción, los cuales estarán asentados en las respectivas Cortes de Apelaciones o en aquel lugar que la propia Corte Suprema designe para el efecto.
Para los legisladores, es urgente e imperioso que el país se prepare para combatir posibles actos de corrupción, tanto en el sector público como privado, y por ello es necesario estructurar organismos diligentes, eficientes y por sobre todo rápidos, con amplias facultades para investigar, separar del cargo, y castigar a aquellos funcionarios públicos que hayan cometido actos reñidos con la legalidad vigente.
Los dos diputados informaron que esperan concretar este proyecto a la brevedad, de manera tal de solicitar el patrocinio del Gobierno, pero antes -indicaron-, tomarán contacto tanto con el presidente de la Corte Suprema como con aquellos ministros de Estado involucrados en esta importante reforma, sin descartar solicitar una entrevista con el Presidente Ricardo Lagos para darle a conocer esta iniciativa, una vez que vuelva de su gira por el extranjero.
