RANCAGUA.- El ministro en visita que investiga el Caso Coimas, Carlos Aránguiz, citó a un careo al ex jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, Alejandro Chaparro y al procesado diputado del PPD Víctor Manuel Rebolledo, en la causa abierta ayer por malversación de fondos, y que involucraría a personeros de Gobierno.
Tras la diligencia realizada esta mañana en el segundo Juzgado del Crimen de Rancagua, Chaparro dijo escuetamente que el interrogatorio duró una hora, y declinó dar más antecedentes sobre el interrogatorio.
Ayer el ministro en visita abrió dos nuevas causas en el marco de la investigación del Caso Coimas, que responderían a datos obtenidos en los últimos careos e interrogatorios a los diputados desaforados.
La primera de las nuevas líneas investigativas se refiere al delito de malversación de fondos, y los antecedentes se remontarían a 1994, cuando el diputado Rebolledo, entonces titular del ministerio Secretaría General de Gobierno, habría destinado fondos públicos para favorecer la campaña de uno de los candidatos de la Décima Región en elecciones internas del PPD.
El caso data de la reunión que sostuvo ese año el parlamentario con Alejandro Chaparro en Puerto Montt, en la que se abrían repartido dineros para respaldar la lista que el ex secretario de Estado apoyaba en un comicio interno de ese partido. Rebolledo habría participado en un encuentro en el restaurante Kiel, donde lo esperaba una docena de líderes de Osorno. Su objetivo era obtener la secretaría general para José Auth.
Posteriormente en interrogatorios realizados por el juez Aránguiz, habría quedado establecido que Rebolledo y Chaparro entregaron aportes a algunos dirigentes.
Este proceso se suma a otro que el ministro abrió a partir de la denuncia de la ex funcionaria del Ministerio de Transportes, María Lorena Bravo Lobos, en que se incluye una serie de datos relacionados con supuestas irregularidades cometidas en las plantas de revisión técnica y en la renovación de permisos de circulación para taxis colectivos.
La ex funcionaria, quien se encuentra prófuga, denunció la existencia de un sistema de financiamiento político que operaba desde el interior de la seremi de Transportes a través de las plantas de revisión técnica y del sistema de las "patentes brujas".
