SANTIAGO.- El ministro en visita que investiga el caso Coimas, Carlos Aránguiz, sometió esta mañana a un careo a los procesados parlamentarios ex DC Cristián Pareto y Jaime Jiménez con el titular de Obras Públicas, Javier Etcheberry, en las dependencias del cartera en calle Morandé.
En vehículos guiados por gendarmes vestidos de civil, Pareto y Jiménez fueron trasladados, en autos separados, desde el anexo cárcel Capuchinos hasta las oficinas de esa secretaría de Estado, a la que ingresaron pasadas las 08:00 horas.
Las diligencias, que se prolongaron por espacio de una hora y treinta minutos, tenían como objetivo dilucidar la versión sostenida por el desaforado Cristián Pareto en cuanto a haber puesto previamente en conocimiento del secretario de Estado antecedentes que revelaban las irregularidades que se cometían en las plantas de revisión técnica de Rancagua.
Por ley, los funcionarios públicos están obligados a poner a disposición de la Justicia todos los antecedentes que reciban sobre la comisión de delitos. La situación podría complicar a Etcheberry si se prueba que el diputado Pareto efectivamente le entregó documentos relativos a la denuncia que se transformó en el caso Coimas.
Respecto de la diligencia, Etcheberry aclaró que fue el propio Ministerio de Transportes el que solicitó la intervención de la Justicia para que investigara las anomalías denunciadas en su minuto por el empresario Carlos Filippi en contra del ex subsecretario Patricio Tombolini, y los diputados Aníbal Pérez y Juan Pablo Letelier.
A la salida de los careos -primero con Pareto y luego con Jiménez-, el secretario de Estado dijo haber colaborado con la investigación del juez Aránguiz y que ha mantenido su línea para que la Justicia sanciones a los responsables.
El ministro declinó entregar mayores contenidos de la diligencia al ampararse en el secreto del sumario.
Investigación por fondos reservados
El nuevo expediente de investigación abierto por el ministro Carlos Aránguiz apunta a determinar el uso de los fondos reservados a los que acceden cuatro ministerios (Interior, Defensa, Secretaría General de la Presidencia y de Gobiero) podría alcanzar a altos funcionarios del Ejecutivo, según trascendió ayer.
Aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, no quiso confirmarlo pero tampoco desmentirlo, se supo que el juez envió un oficio pidiéndole antecedentes sobre el uso de estos recursos por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y de la Secretaría General de Gobierno.
Eyzaguirre declaró que si tal información le fuera requerida se la entregará a Aránguiz, pero aclaró que mantendrá reserva ante la prensa. Esta última precisión la hizo al asegurar que un diario electrónico lo malinterpretó al informar que mantendría reserva ante el juez aduciendo que tal información es secreta y protegida por la ley.
El objetivo de Aránguiz al abrir esta causa sería investigar el pago de sobresueldos mediante uso de fondos de estas tres secretarías de Estado a partir de antecedentes que habría entregado el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini. Según informaciones judiciales, este ex funcionario dijo a Aránguiz que el sobresueldo de $1.800.000 que recibía le era cancelado con fondos reservados de la Cancillería y autorizado por el ministro Eyzaguirre.
Antenoche y en la mañana de ayer, en La Moneda se repitieron reuniones para analizar el escenario que podría enfrentar el Gobierno con las indagatorias de Aránguiz. Si bien se trató de mostrar tranquilidad diciendo que éste no fue un tema prioritario, se supo que fue tratado extensamente, al tiempo que se mantiene permanentemente informado al Presidente Ricardo Lagos, quien está en gira en Japón.
