SANTIAGO.- El ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, confirmó este miércoles que el Presidente Ricardo Lagos se encuentra planificando un cambio de Gabinete, el cual se realizaría alrededor del 11 de marzo próximo.
"Eso es lo que él (Lagos) ha insinuado, pero no ha fijado una fecha, no ha dicho si antes o después (del 11 de marzo), y ni yo me atrevería a suponer algo que no me ha mencionado. Lo único que sé es que tiene la decisión de realizar la renovación del gabinete y eso me parece que es la facultad privativa que él tiene", dijo el secretario de Estado en conversación con radio Agricultura.
Muñoz recordó que en esta fecha se "inicia una nueva etapa, se cumple la mitad del Gobierno, comienza una etapa que tiene que enfocarnos hacia la gran agenda programática que nos hemos planteado: Completar la reforma de la salud, la reforma del sistema provisional, el atacar fuertemente la educación superior para mejorarla, un fuerte énfasis en la agenda pro crecimiento (...)".
Uso de los gastos reservados
Consultado sobre el tema de la nueva investigación emprendida por el juez del caso Coimas, Carlos Aránguiz, respecto de los gastos reservados, el personero sostuvo que el Gobierno prestará toda la ayuda que solicite el magistrado.
"Frente a una solicitud del juez Aránguiz en esta materia, la línea del Gobierno será la de cooperar con él, responder el oficio que él ha enviado, pero responderlo por oficio, de manera reservada, y en el marco que fija la ley", dijo el secretario de Estado.
Agregó que la actitud del Gobierno en este tipo de casos siempre ha sido la de cooperar.
"Siempre ha sido así, de hecho nosotros iniciamos las querellas que derivaron en el denominado caso Coimas, nosotros interpusimos la querella en Rancagua, y nosotros hemos tomado la iniciativa, muchas veces, para que se establezca la verdad bajo el lema del caiga quien caiga", indicó.
Respecto de los gastos reservados, el secretario de Estado declinó especificar el uso de estos recursos, "y eso cada vez que este tema se discute en el parlamento al analizar la ley de presupuesto, estamos obligados, los funcionarios públicos, por el estatuto administrativo y por el código penal, a no pronunciarnos sobre el uso y contenido de estos gastos".
