SANTIAGO.- Alex Matute, hermano del desaparecido estudiante penquista Jorge Matute Johns, dejó entrever que si bien no tiene pruebas concretas sobre los presuntos responsables de la desaparición de "Coke", éstos estarían ligados a Carabineros e indirectamente a personeros del Ministerio de Obras Públicas.
En entrevista con radio Agricultura, expresó que las indagaciones realizadas en torno al caso están bien encaminadas y que "existen poderes económicos que no han permitido conocer la verdad" de lo ocurrido la noche del 20 de noviembre de 1999 cuando se perdió el rastro del muchacho.
Afirmó que los responsables de la desaparición de su hermano no es gente "común y corriente o un delincuente habitual".
En ese sentido, señaló que como abogado ha analizado las pericias ejecutada por ambas policías y "los uniformados se han dedicado sólo a distraer e Investigaciones y no han realizado un trabajo serio, sistemático".
Sostuvo que los padres de los autores del hecho están ligados al mundo político, no propiamente tal como dirigentes, sino que como "contacto para ganar dinero".
Consultado sobre una reunión sostenida hace algún tiempo con el Presidente de la República, Ricardo Lagos, y con el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, en el Palacio La Moneda, donde les entregó los antecedentes que poseían sobre el caso, expresó que sólo se comprometieron a entregar todos los recursos para agilizar la investigación, pero "mayores opiniones no emitieron".
Por otro lado, se manifestó sorprendido por las palabras del sacerdote Andrés San Martín, párroco de la Iglesia del Buen Pastor de San Pedro de La Paz, quien señaló ayer que los secuestradores del joven se confesaron con él, pero que su conciencia le obliga a no denunciarlos.
Al mismo tiempo, reiteró que las investigaciones están bien encaminadas y que pronto se sabrá la verdad.
Agregó que lo sucedido ayer "es bastante preocupante y no descartó que en las próximas semanas nos reunamos nuevamente con las autoridades de este país". Fue enfático en señalar que la denuncia realizada por la autoridad eclesiástica debe ser respaldada por el Gobierno y "es hora que se sepa la verdad".
