SANTIAGO.- El Presidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt, al encabezar hoy la ceremonia de inauguración del Año Judicial, destacó la necesidad de profundizar la independencia de este poder del Estado, observando que "no es suficiente la declaración formal de la Constitución Política en ese sentido, es imperativo perfeccionar ese reconocimiento frente a los otros Poderes, de modo que se traduzca en el plano normativo en leyes que la garanticen".
Garrido Montt además, en parte de su discurso, criticó la demora de varios meses por parte del Ejecutivo en la designación de jueces, ministros y funcionarios de los tribunales. Al respecto, advirtió que "el sistema es categóricamente inadecuado, como reiteradamente lo ha sostenido el Poder Judicial desde hace años, sin embargo no ha sido escuchado. Queremos llamar la atención del país sobre esta situación que resulta poco explicable".
Agregó que íntimamente vinculado con la independencia está el de la autonomía económica del Poder Judicial, "antigua aspiración manifestado por todos los medios y en diversas oportunidades, pero que aún no se ha establecido".
Si bien valoró que las autoridades de Hacienda hayan otorgado algunas facilidades para el manejo del presupuesto en materia judicial, afirmó, sin embargo, que se mantienen "restricciones que no condicen con la autonomía que se requiere".
También pidió que a los jueces, específicamente a quienes están a cargo de casos connotados, se les deje trabajar "en paz y que no se les moleste con permanentes críticas".
Al referirse a la función judicial y los medios de comunicación, el Presidente de la Corte Suprema, advirtió que "ha sido notorio que los tribunales han ocupado durante los últimos meses las primeras páginas de la prensa con motivo de investigaciones a cargo de algunos jueces que han afectado a personas de figuración pública. Al respecto es útil puntualizar lo siguiente:
- Los jueces tienen la obligación de investigar cuando son requeridos o de actuar de oficio cuando corresponde.
- La toma de conciencia de los principios democráticos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional, ha llevado a lo que se denomina judicialización de la vida pública chilena, realidad que debería ser motivo de un análisis cuidadoso.
- Dada la actual evolución cultural del país, y que el artículo noveno del C.O.T. dispone que los actos de los tribunales son públicos salvo las excepciones legales, se ha procedido a una apertura informativa, lo que ha permitido, en cuanto jurídicamente es posible, que la ciudadanía tenga conocimiento de las causas de interés nacional.
-A pesar de las dificultades que conlleva alcanzar un equilibrio entre los derechos de todo imputado y la libertad de información y de opinión, en esta experiencia ambos están saliendo fortalecidos.
-La mayor exposición del quehacer judicial ante la ciudadanía ha llevado consigo a un aumento de opiniones sobre actuaciones y resoluciones de los jueces, algunas de ellas muy críticas. Dichas opiniones deben ser valoradas en su justa dimensión por la población de acuerdo a la preparación, conocimientos e intereses de quienes las formulan.
-Una crítica permanente, magnificada y sin el adecuado respaldo, puede poner en peligro la confianza ciudadana en el ordenamiento jurídico nacional.
-Los jueces respetan las críticas aunque sean enérgicas, apasionadas y aun equivocadas, pues son partidarios de la libertad de opinión y de expresión, lo cual no impide que excepcionalmente hagan uso de las acciones legales ante la ofensa injuriosa o gratuitamente procaz.
-El Poder Judicial ha demostrado que en un clima de respeto a sus atribuciones, puede actuar con prontitud, firmeza e independencia, de acuerdo a la Constitución y a la ley.
La ceremonia que se realizó en el salón de honor la Corte Suprema, contó con la asistencia del Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, representantes del Poder Legistalativo, magistrados e invitados especiales.
