SANTIAGO.- En los dos últimos meses, cerca de seis funcionarios de Gendarmería han resultado con heridas de consideración producto de enfrentamientos que han sostenido con la población penitenciaria, cifra que causa cada vez más preocupación a la institución, la cual reconoce que la frecuencia y el grado de agresividad de estos conflictos se incrementa con el transcurso del tiempo.
En entrevista con Terra.cl, el director de este organismo, Juan Carlo Pérez, ejemplificó esta situación con los tres últimos casos de violencia suscitados al interior de establecimientos penitenciarios.
El primero de ellos, "el intento de fuga a sangre y fuego en Rancagua, en que salieron heridos como cuatro funcionarios -a uno de los cuales le dispararon a quema ropa-; el intento de fuga en Colina, con utilización de explosivos y la agresión a un funcionario nuestro con arma blanca; un caso en Curicó donde un funcionario fue atacado con un arma cortopunzante. Todo esto en menos de dos meses daría cuenta de el clima que se vive", precisó.
Pérez consideró que, si bien el personal de Gendarmería está expuesto a este tipo de situaciones, es un fenómeno nuevo que no se registraba hace una década.
Debido a esto, la institución decidió aplicar una suerte de política de "tolerancia cero" para frenar los enfrentamientos entre gendarmes y presos, optando por denunciar estas agresiones ante los tribunales de Justicia, para lo cual instituyó una Unidad de Asistencia Jurídica que asista al personal de gendarmería que resulte agredido.
"Desde el punto de vista de la autoridad, no puede ser aceptado que un interno le falte el respeto a su custodio de cualquier forma. Si esto se traduce en una agresión física, nosotros tenemos la obligación de entregar estos antecedentes a disposición del magistrado porque este es un delito", sostuvo.
En ese sentido, explicó que para demostrar y sancionar de manera efectiva estos hechos se aspira a que todos procedimientos –como allanamientos, traslados o cualquier acto que realice Gendarmería- deben ser filmados.
Problema complejo, comenta abogada
Luz María Fernández, abogada a cargo de este Departamento, consideró que, más que existir un aumento en el número de incidentes en que reos emprenden ataques en contra de funcionarios, sí se puede constatar un incremento en la violencia con que los internos actúan en contra de sus custodios.
"No sólo hay una percepción de un mayor nivel de agresión, como la falta de respeto a la autoridad que significa ser gendarme en una unidad penal, sino que está la visión que son hechos de mayor violencia, incluso por lo que uno ve en los partes, muchos gendarmes que son amenazados e incluso sus familias por parte de internos", puntualizó.
Para la profesional, este clima de enfrentamiento se extiende hasta en la relación que existe entre los funcionarios penitenciarios y las visitas que acuden regularmente a ver a los internos, ya que existen casos en que los uniformados han sido agredidos por los familiares o amigos de los reos.
"Desde mayo del año pasado tenemos vigente 36 querellas, sin contar las denuncias que han tenido otro tipo de solución o aquellas correspondientes a lesiones leves que no justifican una causa judicial, pero esto va en aumento porque no todos los funcionarios saben que existe todavía una unidad en el nivel central que monitorea y sigue juicios criminales o que los defiende desde la institución", precisó.
La abogada explicó que la finalidad de estas acciones judiciales es dar una señal a la población penal, ya que "así como todos los ojos están puestos sobre los gendarmes respecto de que respeten los derechos de los internos, que no se excedan en el abuso de poder y sufren las sanciones del caso cuando así sucede, la población penal debe saber que no queda en la impunidad algún acto de esta naturaleza hacia los gendarmes".
Controversia
Juan Carlo Pérez opinó que el origen de este fenómeno radica principalmente en las nuevas características de la población penal del país, la cual mayoritariamente está constituida por jóvenes entre 18 y 29 años con un alto grado de dependencia de drogas.
"En épocas pasadas era al revés, había gente más adulta en nuestras cárceles por lo que se respetaba a la autoridad y la autoridad era el gendarme. En raras ocasiones un funcionario era agredido, independiente de las condiciones o de los hechos que se generaran al interior de los establecimientos penitenciarios", añadió.
En su opinión, el mayor grado de agresividad que se vive en las cárceles se debe también a que los jóvenes no miden consecuencias, por lo que "la única forma de educar es enseñar a qué se expone un reo al agredir a un funcionario".
No obstante, esa visión no es compartida por el vocero de la Confederación de Familiares y Amigos de los Presos Comunes (Confapreco), Manuel Henríquez, quien aclaró que "hay que diferenciar el porqué se están produciendo este tipo de agresiones, porque sería poco legítimo echarle la culpa a que la población es joven, que no tiene experiencia o cosas por el estilo".
Para el dirigente, el alto índice de hacinamiento a que están sometidos los presos es la causal principal para que se produzcan estos hechos de violencia, pero tampoco sería el único factor determinante.
"También hay que decir que la población penal ha sido sistemáticamente agredida por parte de los funcionarios y este es el vuelto que ellos están recibiendo por haber tenido esa actitud histórica, que hasta la fecha continúa. Creo que hay que analizar y ser bien consciente y no echarle la culpa a la población penal por su edad o cosas por el estilo, sino reconocer que el sistema penitenciario está colapsado", afirmó.
Al respecto, Henríquez recordó que la organización que representa ha presentado varios recursos de amparo y de protección debido a castigos que han ocurrido al interior de los penales, como el caso del módulo Alfa donde la Fiscal de la Corte Suprema constató que los reos presentaban rastros de golpes y maltratos psicológicos.
"No hay que ser muy sabio para darse cuenta que esto es una respuesta de la población encarcelada al trato que han estado recibiendo históricamente. Nosotros no lo justificamos, no estamos de acuerdo con que sea el medio de poder llegar a tener una armonía entre institución e internos, pero si buscamos responsabilidades hagámoslo en quienes tienen que educar a los internos", precisó.
Si bien Pérez reconoció que el hombre en su condición de animal es vulnerable a caer en la violencia en situaciones de hacinamiento, no es el único motivo que habría desencadenado el aumento de la violencia.
"Hay otros factores como la infraestructura deteriorada, el ocio al interior de los establecimientos penitenciarios. Por suerte, esto tiene un plazo definido de término porque en los nuevos 10 recintos penitenciarios que se están construyendo los módulos van a ser de máximo 80 ó 90 personas y no de hasta 400, como en algunos casos actuales, por lo tanto, van a tener mayores espacios lo cual irá asociado a un aspecto fundamental que es la seguridad, por lo que tenemos la esperanza que este tipo de situaciones disminuirá", concluyó.
