SANTIAGO.- El abogado Samuel Donoso, quien representa al detenido socio principal de Inverlink, Eduardo Monasterio, sostuvo esta mañana que los ilícitos en los que incurrió su representado tenían como fin salvar la integridad de las empresas que integran el holding y no su enriquecimiento personal.
"Los hechos en los que incurrió tuvieron por objetivo salvar a las empresas del grupo Inverlink y salvar el trabajo de 2.500 familias. Él lo hizo con ese objetivo y no con el afán de lucro", señaló el profesional tras reunirse con el ministro en visita, Patricio Villarroel.
El ejecutivo quedó ayer detenido en dependencias de la Brigada de Delitos Económicos de la policía civil (Bridec), donde fue interrogado, y se encuentra a la espera de la determinación del magistrado.
Pasado el mediodía, en tribunales corría fuerte el rumor de que Monasterio estaba siendo interrogado por el ministro, trascendido que fue desmentido por el propio Villarroel, quien sostuvo que el ejecutivo continuará prestando testimonio ante la Bridec por unos días más, puesto que el interrogatorio es bastante complejo.
El magistrado confirmó, además, que recibió varios informes de la Brilac pero que aún no está en sus manos el documento que contiene la información bancaria ligada al caso.
En tanto, a las 13:05 de hoy, acudió a entrevistarse con el magistrado el fiscal de la Corfo Bernardo Espinoza, quien sostuvo que la reunión tuvo por objeto solicitar diligencias.
Durante la mañana, poco después de las diez horas, concurrieron, también, al tribunal el jefe de la Bridec, Óscar Gutiérrez, acompañado de efectivos de la Brigada de Lavado de Activos (Brilac), con el fin de entregar al ministro antecedentes recabados sobre el robo de documentos financieros a la Corfo.
Según se informó los funcionarios de la policía civil habrían entregado información sobre los interrogatorios del que ayer fueron objeto, entre otros, el socio principal de la corredora de bolsa Inverlink, Eduardo Monasterio, y los ejecutivos del holding, Patricio Collarte y Eduardo Tapia.
Además, habrían entregado antecedentes sobre los testimonios del presunto responsable de la malversación de documentos por US$ 100 millones, el operador de la mesa de dinero del organismo estatal, Javier Moya, quien ayer se entregó a la policía.
Además, habrían solicitado al ministro en visita más plazo para continuar con los interrogatorios, petición que fue aceptada según confirmó el propio magistrado.
En tanto, acudió además a las dependencias del Segundo Juzgado del Crimen para reunirse con Villarroel, el fiscal del Banco Central, José Miguel Nacrur, quien sostuvo, a la salida del encuentro, que no existe preocupación en el instituto emisor por la posible demora en la investigación del robo de información, luego que el magistrado asumiera además el Caso Corfo.
"No es un tema que nos preocupe, no vemos para nada que se vaya a entorpecer con esto la investigación", señaló el profesional.
El fiscal concordó, además, con la tesis que sostiene que Monasterio habría encabezado una organización que lucraba ilícitamente.
"Por los antecedentes que tenemos es efectivo que el Banco Central fue víctima de un delito en el cual participó una persona, y que estaba organizado en una forma tal que permitió que, en el tiempo que se entregó esta información, el Banco no lo pudiera detectar", sostuvo Nacrur.
El abogado solicitó nuevas diligencias encaminadas a determinar el uso que se le dio a la información que Pamela Andrara enviaba al ejecutivo de Inverlink Enzo Bertinelli.
Hasta el despacho del magistrado Villarroel llegó también, a las 11:15 horas, el superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clarke, quien ayer ofreció toda la colaboración de la entidad que representa en la investigación.
