SANTIAGO.- El Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, confirmó esta tarde que se llegó a un acuerdo extrajudicial para recuperar alrededor de cien millones de dólares en fondos mutuos en el marco del escándalo Corfo-Inverlink.
El titular de Hacienda dijo que el acuerdo se logró con la mayoría de las entidades administradoras de fondos mutuos consistente en pedir al Poder Judicial el levantamiento de las medidas precautorias que pesan sobre estos depósitos contra el compromiso del fiscal administrador de entidades bancarias de restituir los dineros al Estado si el fallo judicial le fuera adverso.
"Con esto -dijo Eyzaguirre- estamos garantizando el flujo normal de estos capitales".
De acuerdo a lo descrito por el ministro de Hacienda con ello se quiere en auxilio de la gente más modesta que es propietaria de estos fondos mutuos.
A la vez esto servirá para cautelar el patrimonio del Estado, no disminuir la posición de Corfo, no dañar a terceros y permitir que el sistema de pago fluya normalmente.
La Corfo, tras el acuerdo, asumirá temporamente las pérdidas de la estafa atribuida a uno de sus operadores, Javier Moya, que traspasó los papeles a la empresa de inversiones Inverlink, vinculada hace un mes al robo de informes reservados del Banco Central.
El secretario de Estado adelantó que entre hoy y mañana podría quedar totalmente afinado este acuerdo.
Documentos siguen incautados
El ministro en visita Patricio Villarroel, quien investiga el robo de documentos financieros a la Corfo, ratificó esta tarde que sigue vigente la orden de incautación y no pago de los depósitos a plazo sustraídos desde la mesa de dinero del organismo estatal, medida que fue ordenada por el juez
Jorge Colvin el lunes pasado.
El magistrado confirmó esta tarde que pidió a la fiscalía de la Corfo que se pronuncie sobre la petición que ayer hizo el BCI de levantar la incautación de los depósitos a plazo y liberar su pago, para que el organismo estatal se pronuncie y entregue un informe al respecto.
Una vez que la Corfo entregue dicho informe, el juez tiene un plazo de tres días para resolver si acoge o no la solicitud del BCI.
Una vez que el magistrado resuelva este incidente -como se denomina al procedimiento en términos judiciales- las partes podrán apelar a un tribunal superior.
Según explicaron fuentes de tribunales, el hecho de que la Corfo solicite que se revoque la orden de no pago y de incautación de los documentos no significa que dicha solicitud se concretará de inmediato, puesto que el ministro en visita puede denegar la petición si así lo considera a la luz de los antecedentes de la causa.
Hasta cerca de las 15:00 horas de hoy habían concurrido hasta las dependencias del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago representantes de diversas empresas privadas y particulares que han visto afectado su patrimonio a raíz del robo a la Corfo.
Entre otros, acudieron a solicitar que se levantara la orden de no pago de los documentos ejecutivos del Banco de Chile, de las AFP Habitat y Provida, y del Banco Bhif, además de representantes de privados.
