SANTIAGO.- El ministro en visita que investiga el Caso Coimas, Carlos Aránguiz, decidió sobreseer la investigación que sustanciaba -que involucraba al ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini-, para aclarar un supuesto uso indebido de gastos reservados que recibía de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El magistrado, quien inició esta investigación en el marco del denominado Caso Coimas, decidió cerrar el sumario por considerar que la remuneración extraordinaria de aproximadamente 1.600.000 pesos que recibía el ex funcionario mes a mes, se utilizaba para fines públicos y no para gastos privados.
El fallo, con fecha de hoy, señala, en cuanto al fondo del asunto, que "del conjunto de los antecedentes aparejados en el curso de la investigación, se desprende inequívocamente que la asignación o suplemento derivado desde un ministerio con goce de fondos reservados a otro, con que se ha favorecido por larga data a un conjunto de funcionarios de determinada jerarquía, sin excepciones o preferencias, ha correspondido a una política de Estado que aun cuando puede estimarse errónea -prueba de ello es la normativa más arriba aludida- (nueva ley 19.863, publicada el 6 de febrero pasado, que regula los gastos reservados) no ha tenido como ánimo la sustracción de fondos del Estado para aplicarlos desviadamente a un fin distinto del público (...), de lo cual fluye que no concurren en la especie los elementos típicos de la figura penal que se persigue (malversación), razón por la cual procede dictarse sobreseimiento definitivo en la causa".
La resolución, que sienta precedente como para otros casos de sobresueldos que están siendo investigados, sostiene además que Tombolini al informar sobre dichos fondos reservados, no cometió violación de secreto puesto que "ninguna disposición legal vigente, ni aun a título de circunstancias extraordinarias ha otorgado sello de confidencialidad absoluta a la inversión de los fondos públicos cuando se está investigando la comisión de un delito que precisamente involucra la desafectación de la finalidad pública del uso de dichos recursos.
Esto último, a raíz de las declaraciones de La Moneda la que, al conocer la investigación de fondos reservados, sostuvo que no se podía entregar información por el deber de reserva o secreto que pesaba sobre dichas materias.
