SANTIAGO.- La UDI solicitará una comisión investigadora de la Cámara de Diputados para esclarecer la denuncia de irregularidades en el sistema de contratos para obras por parte de Codelco.
El diputado Alejandro García Huidobro, de ese partido, dijo esta mañana que el nuevo escándalo denunciado en Codelco "amerita el estudio de una comisión investigadora de la Cámara Baja".
El parlamentario, en declaraciones al vespertino "La Segunda", calificó los hechos como de "suma gravedad, sobreen las empresas contratistas”. todo los acuerdos entre empresarios que son o tienen parientes en Codelco y participan en las empresas contratistas".
Advirtió que la entidad estatal justifica esta práctica señalando que está permitido que "los parientes contratistas pueden hacer la obra, siempre y cuando avisen del parentesco con anticipación".
García Huidobro señaló que lleva "bastante tiempo" solicitando información de esta empresa, pero no se la han querido dar porque "aducen que no están sujetos a la fiscalización de la Cámara".
Frente a esta situación, García Huidobro, junto a 44 parlamentarios, pidió a Codelco que entregara "detalladamente" los contratos y procedimientos de asignación de contratos de los últimos dos años.
Por su parte, los abogados Eduardo Villarroel y Daniel Mackinnon, en representación de Mario Baltasar Castillo Pinto, ex funcionario de Codelco, destituido de la empresa hace alrededor de dos años, presentaron una denuncia contra quienes resulten responsables de las graves irregularidades denunciadas entre los contratistas de Codelco, ante la jueza del Tercer Juzgado del Crimen, Verónica Sabaj.
La presentación expone pagos que habrían sido cancelados "por las empresas adjudicatarias de las propuestas de los ejecutivos de dicha empresa, esto es, sus gerentes o administrativos o empleados de rango superior; acuerdos entre empresas privadas para adjudicarse los contratos a elevadas sumas en perjuicio de la mencionada empresa del Estado, con el aparente consentimiento de ejecutivos; negociaciones incompatibles de personal superior de Codelco con empresas relacionadas; y delitos previsionales contra la Asociación Chilena de Seguridad, por ocultar accidentes laborales”.
Dichos hechos denunciados por los abogados —quienes presentarán una ampliación del documento en la Corte de Apelaciones—, se habrían llevado a cabo entre los años 2000 y 2002, en El Teniente, Chuquicamata y El Salvador.
En cuanto a una supuesta confabulación entre las empresas para adjudicarse obras a mayor valor y rotación entre ellas, la denuncia establece que las firmas primero decidían entre ellas cuáles se presentaban a cada licitación.
Inmediatamente, fijaban el precio que debía pagar la ganadora y, junto con eso, el "sobreprecio" que llegaría a las que, esa vez, les tocaba perder.
El documento sostiene que "facturas cruzadas entre las diferentes empresas que participaron en la propuesta cerrada, corresponden a subcontratos y labores inexistentes... esta factura es de carácter meramente funcional destinado a justificar una salida de dinero que corresponde a la participación de la empresa no adjudicada en el contrato" .
El texto describe un contrato de una obra adjudicada por la empresa Zublin , que habría tenido un sobreprecio de $85.000.000 neto, en que a la empresa Tunnex le correspondieron "$20.000.000 en cuatro cuotas de $ 5,9 millones".
Con el objetivo de demostrar que se habrían realizado pagos a ejecutivos de la empresa estatal y "la contratación a título de favor de amigos del gerente general de El Teniente", en la denuncia viene una copia de un correo electrónico remitido por Marcos Ibarra de la empresa Zublin Chile, a Jurgen Butry; Dirk Pfoter y Christoph Perathoner (de Zublin Internacional), sobre pagos y facturación.
En el texto electrónico, Ibarra les señalaría a los socios de la multinacional que "...si como empresa damos (o hemos dado) trabajo en la obra a gente amiga del gerente general de Codelco, hacemos pagos especiales, etc..., etc. Se deben hacer valer nuestros derechos".
También se presenta copia de una serie de cheques girados desde la cuenta del BICI de la empresa Zublin a nombre del funcionario de la misma empresa Ernesto Aylwin Lanfranco , que —según versa el documento—, "es el dedicado a gestionar la adjudicación y negociación de los distintos contratos de Codelco, en virtud—aparentemente—, de sus contactos especiales por sus vínculos familiares".
Los abogados señalan que dichos cheques— que alcanzan los $168 millones—, no fueron cruzados y que corresponderían a "sumas dirigidas a pagar favores por la adjudicaciones de contratos, entre cuyos destinatarios podría estar personal de la División Contratos, Fiscalía o Departamento legal y Ejecutivos con poder de decisión de la División El Teniente".
Una de las prácticas que también denuncia el abogado Villarroel, es que al interior de la empresa se permitiría que ejecutivos de Codelco, o bien, familiares de ellos, tengan participación directa en las contratistas que se adjudican trabajos para la estatal.
Según versa el texto, dice hoy "La Segunda", tal sería el caso de la empresa JRI Ingeniería que se adjudicó un contrato en junio de 2000, cuya gerenta general y social es Leticia Conca, ex cónyuge de Gherard Von Borries, "quien en esa época era subgerente de Ingeniería y Mantención y es hoy un funcionario de alto rango de Codelco".
El documento expresa que seis meses antes de la celebración de este contrato que le habría costado más de US$4 millones a Codelco, Leticia Conca anuló su matrimonio y esto “sólo sería para adjudicarlo”. Dicha versión —que Codelco rechaza—, pertenece al ex empleado Baltasar Castillo.
Reacción de Codelco
El consejero jurídico de Codelco, Waldo Fortín , en declaraciones que publica "La Segunda", informó que la empresa está dispuesta a iniciar una investigación interna relativa a los hechos denunciados siempre y cuando les sea presentada una denuncia en forma responsable y no "sobre la base de insinuaciones sin ninguna prueba". Desmintió, en todo caso, categóricamente, cualquier irregularidad en los procedimientos de licitación.
Fortín afirmó que a Codelco no le corresponde desmentir el hecho por cuanto la denuncia sobre una supuesta colusión no afecta a la empresa en sí sino a cinco empresas contratistas. Sobre la supuesta participación de funcionarios de la empresa en este hecho, respondió que "cómo voy a desmentir algo que a nosotros no nos consta. No hay pruebas, no dicen quiénes son, ni cómo ni dónde" pudieron haberse coludido para defraudar a Codelco.
La empresa insistió en los términos de una declaración pública emitida en las últimas horas, donde critica que se use como "única fuente" para sostener las acusaciones al ex supervisor de Codelco, Baltasar Castillo, quien fue despedido por "falta de probidad" y que "se encuentra actualmente sometido a proceso, con orden de detención pendiente".
Recalcan también los "exigentes estándares" con que se elaboran las bases de licitación , pero señalaron que “ todas las denuncias responsables que se hagan llegar a Codelco serán investigadas acuciosamente”.ue s
