SANTIAGO.- Con el compromiso de analizar hasta la próxima semana la propuesta que La Moneda entregó en materia de alta administración pública y financiamiento de la política, terminó esta tarde una nueva reunión entre el Gobierno y los partidos con representación parlamentaria.
Pese a que se esperaba que este jueves quedara sellado el acuerdo para aprobar la llamada "ley corta" de modernización del Estado, dos propuestas presentadas por La Moneda dilataron nuevamente el entendimiento final que permita aprobar 12 proyectos de ley antes de la cuenta presidencial del 21 de mayo próximo.
Durante la reunión, que se extendió por alrededor de dos horas, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, puso sobre la mesa dos disposiciones referidas a las exenciones tributarias a las donaciones electorales y un nuevo sistema de selección de los altos directivos del sector público.
Después de sucesivas reuniones tras el acuerdo sobre Transparencia y Probidad el pasado 30 de enero, estos dos proyectos se han convertido en los temas más complejos de la "agenda corta" de modernización del Estado.
En la cita de esta mañana los ministros del comité político y los líderes partidistas repasaron el avance de los proyectos que ya están en el Congreso – ayer fue aprobado el que da carácter permanente a la comisión mixta de presupuestos del Congreso y en las próximas semanas deben despacharse los de silencio administrativo, compras públicas y tribunales de la libre competencia- y sellaron el compromiso de discutir por última vez estos temas la próxima semana.
Conscientes de que tan sólo quedan 41 días antes de que se cumpla el plazo del 21 de mayo, los partidos y el Gobierno se comprometieron a acelerar la discusión de los proyectos de ley de esta agenda corta, cuya característica es que son de alta complejidad técnica y política.
Uno de aquéllos es el relativo a límites, control y transparencia del gasto electoral, tema en el que se han logrado importantes avances en sucesivas reuniones de trabajo. En esa materia ya se convinieron los topes máximos de gasto para las campañas, los mecanismos de control, los grados de reserva y publicidad de los aportes privados y la existencia de financiamiento público a los candidatos y partidos.
Falta por despejar las modalidades que tendrá el aporte estatal y la tributabilidad de las donaciones privadas a las campañas.
Otro proyecto clave de la "agenda corta" es el de la alta dirección pública, que se orienta a fijar mecanismos transparentes, objetivos y despolitizados para el nombramientos de los funcionarios públicos de mayor jerarquía, sujetándolos a un nuevo régimen laboral y salarial que garantice una gestión profesional y eficiente.
En este sentido, la propuesta entregada por La Moneda consiste en hacer una diferenciación entre aquellos cargos orientados a la definición de políticas públicas y aquellos que las implementan.
Como para el primer caso se requieren funcionarios comprometidos políticamente con la administración de turno, el planteamiento del Gobierno es reservarse el nombramiento de 600 cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República.
Para el resto, unos 3 mil puestos de la administración pública, el Ejecutivo plantea que sean escogidos mediante un concurso público.
