TEMUCO.— El Tribunal de Garantía de Collipulli rechazó proteger o mantener en secreto la identidad de ochos testigos para que en esa calidad presten testimonios en un posible nuevo juicio oral por ley antiterrorista contra un grupo de mapuches.
La solicitud en tal sentido había sido presentada por el fiscal de Collipulli, Alejandro Ríos, que investiga el presunto ataque incendiario contra el fundo Poluco-Pidenco, de la empresa forestal Mininco, registrado los días 19 y 20 de diciembre del 2001, en el que figuran 12 imputados como autores directos.
El fiscal Ríos apeló a dicha resolución a la Corte de Apelaciones de Temuco, tribunal de alzada que deberá pronunciarse sobre esa materia en los próximos días.
La presentación de los testigos protegidos o bajo reserva de la identidad, también llamados testigos sin rostros, debutaron en medio de una fuerte polémica en el juicio oral por ley antiterrorista, realizado en Angol, en donde dos loncos mapuches y una activista de la causa indígena fueron absueltos por falta de pruebas.
En este nuevo caso por ley antiterrorista, que probablemente concluya con un juicio oral en los próximos meses, el fiscal Ríos formalizó la investigación respectiva contra 12 dirigentes y comuneros mapuches, entre los que destaca el
líder de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco, José Huenchunao Mariñán; su vocero, José Llanquileo Antileo y la activista Patricia Troncoso Robles (La Chepa). Esta última fue absuelta la semana de las acusaciones de amenazas e incendio terrorista contra los propietarios, administradores e instalaciones de los fundos Nancahue y San Gregorio, en Traiguén.
El Tribunal de Garantía de Collipulli también ordenó a la Fiscalía del Ministerio Público entregar las declaraciones que los ocho testigos con reserva de identidad prestaron ante el fiscal de Collipulli, en su etapa de investigación, sin mencionar sus nombres o dar indicios para su identificación.
La fiscalía había pedido protección de la identidad para ocho de sus testigos ante el pronto término de su investigación y para preparar la acusación que debe presentar en la autoapertura del juicio oral, instancia previa al juicio oral, donde la parte acusadora y la defensora exponen sobre las pruebas materiales, documentales, peritajes y testigos que finalmente presentarán en el
juicio público.
En tanto, los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún, quedaron con la obligación judicial de firmar una vez al mes un libro de registro en la comisaría de Traiguén, no abandonar el país ni tomar contacto con el resto de los imputados en la causa por asociación ilícita.
En la tarde del miércoles, el mismo tribunal deberá resolver sobre una solicitud similar de revisión de las medidas cautelares que afectan a la activista, Patricia Troncoso Robles, también absuelta en el juicio oral de Angol.
