VALPARAÍSO.- El proyecto de ley que establece el Silencio Administrativo ha completado su trámite legislativo y está en condiciones de convertirse en ley.
El proyecto faculta al Presidente de la República a determinar, mediante decretos con fuerza de ley, cuáles serán los actos administrativos a los que se aplicará el llamado silencio positivo.
La Cámara de Diputados aprobó por 90 votos a favor el proyecto, pero introdujo un cambio en uno de los artículos, acortando uno de los plazos, por lo que el proyecto pasó a tercer trámite en el Senado.
Este es el segundo proyecto en condiciones de transformarse en ley de un total de doce que conforman la Agenda Corta de Modernización y Transparencia que deberá concluir su aprobación antes del próximo 21 de mayo.
La iniciativa busca agilizar la tramitación de los actos administrativos en cada una de sus etapas, mediante la fijación de plazos determinados dentro de los cuales deben formalizarse las decisiones de la autoridad.
Establece así que las providencias de mero trámite deberán dictarse en menos de 48 horas, los informes deberán evacuarse en un máximo de 10 días y las decisiones definitivas dentro de 20 días de presentadas.
En Santiago, el ministro Secretario General de la Presidencia, Francisco Huenchumilla, calificó el proyecto como un golpe a la burocracia.
A través de 69 artículos se pretende enfrentar la falta de celeridad
que caracteriza a la tramitación pública, que cuenta con procedimientos administrativos lentos, plazos excesivos y algunos de ellos indeterminados.
El diputado DC Jaime Mulet ejemplificó que la obtención de una concesión acuícola demora entre 5 y 8 años, lo que hace que muchas veces fracasen los proyectos económicos por trabas burocráticas.
Situaciones similares se presentan en municipios y diversas reparticiones
fiscales.
El senador institucional Enrique Silva Cimma, ex contralor general de la República, señaló que la ley de plazos para los procedimientos administrativos estaba pendiente desde la promulgación de la Constitución de 1925.
Según el proyecto aprobado, y que el Ejecutivo promulgará como ley luego que sea sometido a control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional,los plazos para cursar o contestar un trámite irán desde las 48 horas hasta los 6 meses.
Como se señaló, la nueva norma faculta al Ejecutivo para que en el plazo de un año revise y reduzca los plazos de tramitación que actualmente regulan el otorgamiento de las patentes municipales, los permisos y estudios de
impacto vial, certificados y recepción de obras de construcción y urbanismo, Ley de Medio Ambiente y regulaciones sanitarias.
El ministro Huenchumilla destacó que cuando Chile quiere que su economía sea competitiva en el mundo, el inversionista debe tener la seguridad de que no será víctima de la burocracia estatal, que si presenta un proyecto va a tener respuestas, que sus papeles no quedarán guardados en cajones, y que si
se cumplen los plazos que fije la ley podrá dar por aprobado su trámite.
