Revise aquí el texto completo del fallo.
SANTIAGO.- La ministra en visita que investiga el denominado Caso GATE, Gloria Ana Chevesich, decidió someter a proceso esta mañana a siete involucrados en un contrato irregular suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa (Ciade), entre los que se encuentra el ex ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz.
Como autores del delito de fraude al fisco, fueron procesados el ex biministro
Carlos Cruz;
Gonzalo Castillo, actual jefe de gabinete del subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre; el director nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP),
Eduardo Bartholín; y el ex director general de Obras Públicas y Vialidad
Eduardo Arriagada.
Como autores de estafa en perjuicio del Fisco fueron encausados el ex director del Ciade,
Nassir Sapag; el dueño de la consultora Diagnos,
Francisco Donoso; y el ex jefe de proyectos del Ciade,
Eduardo Ponce de León.
Todos, a excepción de Cruz y Arriagada, se encuentran con orden de aprehensión. No obstante, la ministra les concedió la libertad bajo fianza con consulta a la Corte, beneficio que será analizado el próximo jueves por la Séptima Sala del tribunal de alzada, que ya antes ha fallado a favor de otorgar la libertad a todos los que anteriormente han quedado detenidos en la causa.
En caso de que la Corte les conceda la libertad, los procesados deberán pagar una suma de 300 mil pesos para salir del anexo Cárcel Capuchinos, recinto en el cual permanecerán al menos hasta ese día.
El encausamiento se debe a irregularidades en un contrato suscrito entre el Departamento de Obras Hidráulicas del MOP y el Ciade, para la realización de estudios técnicos y económicos especializados conducentes a optimizar la gestión de financiamiento de las obras complementarias que generaría la operación, conservación, mantención de los tramos ya terminados, que forman parte del Proyecto Sanjón de la Aguada.
El fallo sostiene que el Ciade no podía subcontratar a otro organismo para el estudio, y no obstante pagó a la consultora Diagnos Ltda., la que a su vez efectuó pagos por conceptos de honorarios y sobresueldos a once personas relacionadas con el MOP.
En la resolución, la ministra Chevesich sostiene que los funcionarios públicos procesados "idearon el ardid de abultar el precio de una consultoría en la suma de $23.444.444, para pagar diferentes sumas de dinero por concepto de sobresueldos u honorarios adicionales, que el Fisco de Chile no se encontraba obligado a solucionar, privando al patrimonio fiscal de una cantidad equivalente a dicha suma".
Segundo procesamiento para Cruz y Arriagada
La nueva resolución de la magistrada es el
segundo procesamiento que afecta a Carlos Cruz y Eduardo Arriagada, y el primero de Nassir Sapag. El 1 de abril pasado, el ex ministro de Obras Públicas, y el ex director general de Obras Públicas y Vialidad fueron dos de los 22 procesados por la ministra Chevesich en el marco del Caso GATE.
En aquella oportunidad Cruz fue procesado por fraude al fisco y encausado por los convenios con consultoras que abultaron presupuestos para pagar estudios inexistentes a GATE.
En el caso de Arriagada, éste fue procesado por fraude al fisco.
La resolución adoptada hoy por la magistrada hace presumir que es inminente que acumule la causa que hasta ahora investigaba el juez del Séptimo Juzgado del Crimen, Alejandro Rivera sobre los contratos irregulares que habría suscrito el MOP con el Ciade.
Al retirarse del tribunal, el ex ministro Cruz lamentó el procesamiento de profesionales de alto valor y argumentó "que si no hubiera sido por este tipo de contratos difícilmente pudiésemos haber hecho lo que hicimos en Obras Públicas desde el año 1995 en adelante, primero en Concesiones y después como ministro".
El ex secretario de Estado insistió en que en este caso no ha habido dolo y agregó que
"no existe ninguna figura legal que amerite procesar a estos profesionales".
En tanto, Eduardo Arriagada reiteró que no hubo dolo en los contratos suscritos por el Ministerio de Obras Públicas, pero sí reconoció que frente a la legislación existen ilícitos en los que se incurrió.
El abogado Héctor Concha, quien representa al ex director del Ciade, Nassir Sapag, señaló que se tomará los cinco días de plazo para estudiar si apelan o no a la resolución o solicitan nuevas diligencias.
