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MOP-Ciade: Corte concede libertad a cinco procesados

Sin efectuar alegatos, la Séptima Sala concedió el beneficio mediante el cual recuperarán la libertad entre otros procesados, el ex director del Ciade, Nassir Sapag; y el ex jefe de Proyectos del organismo, Eduardo Ponce de León.

24 de Abril de 2003 | 09:02 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió, pasadas las 9:00 horas y sin escuchar alegatos, la libertad provisional de los cinco procesados el martes pasado por la ministra en visita Gloria Ana Chevesich, que permanecían detenidos en el anexo cárcel Capuchinos.

De esta forma, podrán salir hoy del citado recinto, previo pago de una fianza de $300 mil pesos, el ex director del Ciade, Nassir Sapag; el ex jefe de Proyectos del organismo, Eduardo Ponce de León; el Director de Obras Hidráulicas del MOP, Eduardo Bartholin; el Jefe de Gabinete del subsecretario de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el representante legal de la consultora Diagnos, Francisco Donoso.

El tribunal, compuesto por los magistrados Sergio Muñoz, Jorge Dahm, y el abogado integrante Oscar Herrera, estimó que no era necesario efectuar alegatos para conceder el beneficio. Cuatro abogados se habían inscrito para exponer sus argumentos.

La ministra Chevesich procesó el martes pasado a siete personas, cuatro de ellas por fraude al fisco -el ex ministro Carlos Cruz entre ellos-, y tres por estafa en perjuicio del Estado, y ordenó la detención de cinco ellos

El encausamiento se debió a irregularidades en un contrato suscrito entre el Departamento de Obras Hidráulicas del MOP y el Ciade para la realización de estudios relacionados con el Proyecto Zanjón de la Aguada.

Según el fallo el Ciade no podía subcontratar a otro organismo para el estudio, y no obstante pagó a traspasar el pago del estudio a la consultora Diagnos Ltda., la que a su vez efectuó pagos por conceptos de honorarios y sobresueldos a once personas relacionadas con el MOP.

En la resolución, la ministra sostiene que los funcionarios públicos procesados "idearon el ardid de abultar el precio de una consultoría en la suma de $23.444.444, para pagar diferentes sumas de dinero por concepto de sobresueldos u honorarios adicionales, que el fisco de Chile no se encontraba obligado a solucionar, privando al patrimonio fiscal de una cantidad equivalente a dicha suma".
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