SANTIAGO.- El ministro en visita, Patricio Villarroel, quien investiga la sustracción de documentos financieros a la Corfo, resolvió esta tarde alzar en todas sus partes las medidas de incautación, orden de no pago y prohibición de circulación que pesaba sobre algunos de los papeles que están en poder de las AFP Hábitat, Cuprum y Provida.
Los depósitos financieros que fueron sustraídos por el operador de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya, fueron incautados el 8 de marzo pasado por orden del juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago Jorge Colvin, quien comenzó la investigación de caso.
Los instrumentos en manos de la mencionadas AFP suman aproximadamente 2.300 millones de pesos, los que podrán ser cobrados por sus tenedores luego de la resolución adoptada hoy.
La demora en la resolución respecto de estos depósitos se debió a que la Corfo y los representantes del las AFP no llegaron a un acuerdo como el que pactó el organismo estatal con las instituciones bancarias que poseían parte de los instrumentos financieros transados ilegalmente a través del holding Inverlink.
Por esta razón, el conflicto pasó a una etapa probatoria en la que ambas partes debieron presentar argumentos ante el ministro defendiendo su postura, antecedentes que Villarroel utilizó para resolver hoy en favor de las AFP.
En el fallo de seis páginas el magistrado sostiene que "de los autos no fluyen pruebas concluyente que establezcan irrefragablemente que las Administradoras de Fondos de Pensiones sean adquirientes de mala fe de los títulos que reclaman ni se ha acreditado que no pudieran menos que conocer el origen irregular de los mismos, ya que la prueba testimonial rendida no orienta en absoluto en ese sentido".
Así Villarroel respondió a uno de los argumentos usados por la Corfo para oponerse al alzamiento, que sostenía que "los endosos de los documentos sustraídos al organismo tienen un origen irregular toda vez que el primero fue estampado por Javier Moya Cucurella, quien no tenía poder para actuar en representación de la Corfo.
El 18 de marzo pasado, luego del acuerdo entre el organismo estatal y los bancos, el ministro Villarroel ordenó dejar sin efecto la medida precautoria que pesaba sobre los depósitos en poder de 10 instituciones bancarias.
La Corfo pactó con los bancos que si la Justicia fallaba a su favor las entidades financieras asumirán la pérdida del dinero de los documentos. De lo contrario la Corfo se haría cargo de asumir la pérdida.
