SANTIAGO.- La Cuarta Sala de la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo de los tribunales de Concepción que ordenó el pago de 90 millones de pesos a la viuda y a la hija de un militante del Partido Comunista que desapareció en septiembre de 1973, después de ser detenido por Carabineros de Los Angeles, y cuyo destino se desconoce hasta ahora.
Los jueces invalidaron las sentencias dictadas consecutivamente por el Primer Juzgado Civil y por la Corte de Apelaciones de Concepción que favorecieron a los familiares de Juan Chamorro Arévalo.
La sentencia acogió los argumentos del Consejo de Defensa del Estado, organismo que se ha opuesto a todas las demandas de indemnización de perjuicios iniciadas en contra del Fisco por parientes de detenidos desaparecidos.
La viuda y la hija de Chamorro presentaron en 1999 una demanda eel Estado chileno, pidiendo una reparación pecuniaria por el daño moral que sufrieron ambas con la desaparición forzada de su cónyuge y padre, respectivamente.
Casi un año después, en junio de 2000, el Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda y fijó una indemnización de 50 millones de pesos para la esposa, Gladys Pizani Burdiles, y de 40 millones para su hija, Claudia Chamorro Pizani.
Ese criterio fue refrendado seis meses más tarde por la Corte de Apelaciones de Concepción. Entonces, el CDE recurrió a la Corte Suprema, pidiéndole que invalidara la sentencia.
Los antecedentes fueron revisados por la Cuarta Sala de la Corte Suprema, cuyos integrantes acogieron los razonamientos de la defensoría fiscal y concluyeron que la demanda fue presentada fuera del plazo que exige la ley para exigir este tipo de indemnizaciones y, por tanto, rechazaron la demanda.
El tribunal estuvo integrado por los jueces José Benquis, Orlando Alvarez, Urbano Marín, Jorge Medina y el abogado integrante Mauricio Jacob.
