SANTIAGO.- La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) propuso la creación de un fondo de inversión, con recursos obtenidos de privatizaciones y que entregará anualmente US$170 millones anuales, como medida para solucionar el debate en torno a las dificultades que tiene el gobierno en el financiamiento de programas sociales como la Reforma a la Salud y el Programa Chile Solidario.
Según el informe económico de la CCS, las empresas con posibilidad de privatización serían 19 de un total de 82, entre las que se cuentan; ENAP y sus filiales, Polla, Correos de Chile, las sanitarias que están totalmente en poder del Estado (Essar, Essco, Essan, Emsat, Esmag y Emsa) y las que han sido parcialmente privatizadas (Aguas Andinas, Esval y Essbio).
La recaudación generada por la privatización de las empresas mencionadas sería de aproximadamente US$3.400 millones, monto que se destinaría al fondo de inversión el cual podría generar flujos anuales por concepto de intereses en los 170 millones de dólares en renta fija, considerando los actuales retornos del mercado financiero.
La propuesta señala que "los recursos obtenidos no podrían ser utilizados directamente en gasto corriente, así se obtendría un flujo anual perpetuo, correspondiente a la rentabilidad de dicho fondo. En otras palabras, al mantenerse el capital, éste podría, eventualmente, ser liberado cuando las condiciones macroeconómicas así lo permitieran, asegurando que los recursos fiscales no han sido dilapidados e inclusive puedan ser utilizados en otros proyectos de interés social".
Además, una alternativa atractiva para la CCS sería destinar parte de las inversiones del fondo, a actividades de impacto productivo para su consolidación.
"Se trata de una actividad de mayor riesgo en relación a los instrumentos tradicionales de inversión, pero en este caso, tendría la ventaja adicional de generar un doble beneficio: el de proporcionar (en caso de ser bien administrado) mayores flujos anuales para el gasto social, y el de servir como una poderosa herramienta para el desarrollo económico y la innovación empresarial. Esto último, a su vez se traduciría en una mayor creación de empleo y en un aumento del ingreso per capita", indicó el informe.
Sin embargo, la CCS reconoce que el deshacerse de los activos productivos del Estado también significaría dejar de percibir los recursos que estas empresas anualmente le transfieren por concepto de impuestos adicionales y excedentes. Esto sería aproximadamente 200 millones de dólares anuales.
La entidad precisa que este monto es muy similar al Fondo de Inversiones, pero a diferencia de éste, está sujeto a la volatilidad de sus variables económicas y al riesgo de la gestión política en empresas públicas, que no lo garantizan indefinidamente.
Por ello, la Cámara concluye que "unido al cúmulo de beneficios y externalidades positivas aparejadas a los procesos de privatización, justifica la decisión de avanzar agresivamente hacia la privatización de los activos productivos enajenables del Estado".
