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aquí el texto completo del fallo.
SANTIAGO.- Luego de más de tres meses de investigación, el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, dictó esta mañana 28 procesamientos por las irregularidades detectadas en un contrato suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa de la Universidad de Chile (Ciade).
Los delitos configurados en este encausamiento son cuatro: malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatible y estafa.
El nuevo fallo de 21 páginas representa un duro golpe tanto para el Gobierno,
-por estar encausados siete de sus seremis actualmente en servicio-, como para la Universidad de Chile, puesto que fueron procesados funcionarios y académicos de la institución.
Los procesados son:
Como
autores de fraude al fisco:
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Ricardo Paredes, ex decano de Economía de la Universidad de Chile.
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Nassir Sapag Chain, ex director del Ciade.
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Enrique Jiménez Sepúlveda, seremi de la región del Maule.
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Fernando Vilchez Santibáñez, ex seremi.
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Miguel Silva Rodríguez, seremi de Los Lagos.
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Carlos Alert Aguero, seremi de Obras Públicas de Coihaique.
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Manuel Peña Véliz, seremi de Atacama.
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Pedro Martínez Rojas, ex seremi.
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Yazmín Bolboa Rojas, seremi de la Araucanía.
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Raúl Gutiérrez Arreyuna, seremi de Coquimbo.
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José Larroucau Reitze, seremi del Bíobío.
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Juan Muñoz Cornejo, seremi metropolitano de Obras Públicas.
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Manuel Castañeda Paredes, ex seremi.
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Vladimir Morales González, ex seremi.
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Ricardo Trincado Cvjetkovic, ex seremi e intendendente de la VI Región.
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Iván Pastén Muñoz
Como
coautores de fraude al fisco:
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Gonzalo Castillo Navasal, ex jefe de gabinete del subsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Latorre.
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Aliro Verdugo Lay, ex director de Obras Públicas subrogante al momento de la firma del contrato (2001).
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Alejandro Gálvez Zúñiga, jefe de área y registro de la dirección general de Obras Públicas en 2001.
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Eduardo Arriagada Moreno, ex director de Vialidad del MOP.
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Carlos Cruz Lorenzen, ex biministro de Obras Públicas y Transporte.
Como
cómplices de fraude al fisco:
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Michael Basch Harper, socio del instituto de Economía de la "U".
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Julieta Silva Díaz, ingeniera comercial. Prestó su nombre para firmar un estudio firmado entre el Ciade y el MOP por $5 millones.
Como
coautores de malversación de caudales públicos:
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Armando Álvarez, ex director económico y administrativo de la Universidad de Chile.
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Gabriela Contreras Meneses, funcionaria del Ciade.
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Leonardo Segundo Sánchez Vásquez, funcionario de contabilidad del Ciade.
Como
autores de estafa al fisco:
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Nassir Sapag, ex director del Ciade.
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Enrique Ponce de León, jefe de proyectos del Ciade.
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Ricardo Paredes Molina, ex decano de Economía de la Universidad de Chile.
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Cristina Orieta Bonilla, esposa de Sapag y socia de la consultora Necul- Hual.
Como
autor de negociación incompatible:
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Ricardo Paredes Molina, ex decano de Economía de la Universidad de Chile.
Luego de notificar a los procesados, el juez Alejandro Rivera se mostró muy conforme con el resultado de la investigación y afirmó que
dejará el caso en manos de la ministra en visita que investiga el Caso GATE, Gloria Ana Chevesich. Los expedientes de la causa estarían en poder de la magistrada una vez que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre la libertad de los detenidos.
El magistrado concedió la libertad a todos los procesados con consulta a la Corte y previo pago de la suma de $500 mil. Se presume que el tribunal recién el lunes se pronunciará al respecto, por lo que
los procesados deberán permanecer recluidos en el anexo cárcel Capuchinos hasta que ello ocurra.
El juez decretó el embargo de sus bienes por montos que van desde los cinco hasta los 24 millones de pesos.
Asimismo se dictó la orden de arraigo y de prontuariar a los encausados, y se ordenó recabar acerca de la existencia de antecedentes anteriores respecto de los procesados Sapag, Castillo, Arriagada y Cruz desde el 17º Juzgado del Crimen, en la causa que sustancia la ministra en visita Gloria Ana Chevesich.
A las 10:00 horas de esta mañana comenzaron a llegar hasta el tribunal algunos de los inculpados, quienes fueron citados para recibir la notificación respecto de su situación procesal. El primero en llegar fue el ex ministro Carlos Cruz.
Los delitos
El magistrado Rivera comprobó que hubo fraude al fisco en un convenio por $270 millones firmado entre el MOP y el Ciade el 13 de agosto de 2001, mediante el cual se pagaron sobresueldos de $9,2 millones cada uno a los 13 seremis de Obras Públicas del país, hecho denunciado el 30 de enero pasado por la Contraloría General de la República.
El convenio tenía por objeto que el Ciade desarrollara un estudio denominado "Diseño e Implementación de un Sistema de Evaluación de Propuestas Públicas y Contratos a nivel de las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas".
Al respecto, la resolución sostiene que
"se presume que el convenio MOP-Ciade, aquí analizado, sólo se estableció para pagar sobresueldos u honorarios adicionales, no establecidos en ley alguna, consistentes en la suma de 9 millones 200 mil pesos (...) a excepción de Vilchez Santibáñez que recibió 6 millones.
Además agrega que en sus declaraciones, el entonces director general de Obras Públicas, sostuvo que "no tuvo conocimiento del resultado final del supuesto estudio" y que éste "no fue utilizado por la Dirección General de Obras Públicas".
Sostiene también "que la labor de los funcionarios señalados, no se encuentra acreditada, y se habría limitado a contestar encuestas, participar en entrevistas o proporcionar antecedentes, a petición del jefe de gabinete del subsecretario de Obras Públicas, por las que no pueden justificar el monto de los pagos señalados, información que ni siquiera fue entregada por todos los funcionarios contratados de acuerdo a lo consignado en el informe final del proyecto emitido por el propio Ciade".
Además comprobó los autocontratos del ex director del Ciade, Nassir Sapag, a través de la sociedad inmobiliaria y de inversiones Necul-Hual, de la cual es propietario junto con su cónyuge, Cristina Bonilla.
