SANTIAGO.- El Presidente Ricardo Lagos admitió hoy que el Gobierno mira con interés la iniciativa parlamentaria de llegar a un
acuerdo político para terminar con los masivos procesamientos que afectan a funcionarios públicos a raíz de las investigaciones por los casos GATE y MOP-Ciade.
El Primer Mandatario enfatizó, no obstante, que los actos de corrupción deben ser castigados y que se debe tratar con justicia a aquellos personeros que actúan de buena fe.
"El Gobierno está observando lo que ocurre con mucho interés. Sin embargo, creo que lo importante es que los actos de corrupción deben ser sancionados y las personas que actúan de buena fe, no me cabe ninguna duda que no están recibiendo el trato que se merecen".
El Jefe de Estado sostuvo que le parece "excesivo" que los Secretarios Regionales Ministeriales (seremis) sean acusados de ser autores de delito por recibir sobresueldos, y agregó que considera positiva cualquier propuesta que tenga como fin darle una salida política a la ola de procesamientos que ha puesto en entredicho al Ministerio de Obras Públicas y a la Universidad de Chile.
De esta manera el Jefe de Estado acogió el planteamiento del senador del Partido Socialista (PS) Carlos Ominami, quien propuso al Congreso un acuerdo extrajudicial para dictar una ley interpretativa de manera de evitar el desmoronamiento de las instituciones a raíz de las investigaciones por irregularidades que se siguen contra personeros de Gobierno.
Ominami declaró ayer que su propuesta no significa una ley de amnistía ni de impunidad sino de una iniciativa que permita diferenciar a los personeros que hayan cometido actos ilícitos en beneficio propio de aquellos que hayan incurrido en ciertas irregularidades administrativas, pero que lo han hecho de buena fe.
Según el parlamementario, el país no puede "hacer la vista gorda a centenares de funcionarios públicos que están amenazados si los tribunales de justicia no son capaces de establecer esta distinción entre la buena y la mala fe".
El senador de la Democracia Cristiana (DC) Alejandro Foxley se sumó ayer a las declaraciones de Ominami y puso como ejemplo a la Universidad de Chile, que a raíz del caso MOP-Ciade está en riesgo de perder a sus mejores profesionales "por una mala solución institucional que se dio en el pasado".
