SANTIAGO.- Hasta un millón 632 mil 488 pesos costarán los servicios de la Defensoría Penal Pública a aquellas personas que afronten juicios orales y que tengan ingresos superiores a 444.801 pesos, de acuerdo con la tabla de aranceles de ese servicio que comenzó a regir hoy. ¶
El organismo, dirigido por el abogado Rodrigo Quintana Meléndez, es una de las instituciones creadas para el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal que está desplazando paulatinamente al antiguo procedimiento escrito y secreto.
En las regiones donde ya está vigente, los delitos son investigados por un fiscal del Ministerio Público y el resguardo a los derechos de las personas inculpadas está a cargo de los abogados de la Defensoría Penal Pública.
En el evento de ir a juicio, fiscales y defensores son los responsables de presentar los antecedentes, en contra y a favor, respectivamente, a un tribunal compuesto de tres jueces que es el encargado de dictar sentencia, absolutoria o condenatoria.
La reforma está en ejecución en ocho regiones del país y en diciembre próximo se incorporarán la Quinta, Sexta, Octava y Décima. En elÁrea Metropolitana recién llegará a fines del 2004.
Hasta ahora, los dos casos de mayor notoriedad en que se han enfrentado defensores y fiscales ocurrieron en la Región de la Araucanía y en la de Coquimbo.
En el sur los defensores lograron que el Tribunal Oral de Angol absolviera a dos loncos mapuches a quienes el Ministerio Público pretendía que se les condenara por infracción a la Ley Antiterrorista.
En el norte, los fiscales obtuvieron la condena de dos personas que atacaron el convento de las religiosas Dominica de la Anunciata, aunque en este caso hay recursos de nulidad pendientes en la Corte Suprema.
Ninguno de los representados por los defensores han tenido que solventar los costos de los juicios, pero a partir de hoy eso cambiará y quienes concurran a sus servicios y estén en condiciones de pagar, tendrán que hacerlo de acuerdo con una escala basada en el monto de sus ingresos y su capacidad de pago.
Para fijar sus aranceles, la institución consideró los costos del servicio, el promedio de los honorarios que cobran los abogados particulares de cada ciudad y el número de etapas del proceso en que se representa al beneficiario.
Según estos criterios, la asistencia en un juicio oral será el arancel más alto: 1.632.488 pesos y para el afectado será gratuito si sus ingresos son inferiores a 111.200 pesos. Un 20 por ciento, si gana entre 111.201 y 222.400 pesos. Un 40 por ciento, si está en el tramo de 222.401 y 333.600 pesos. El 70 por ciento, si percibe entre 333.601 y 444.800 pesos. Si está sobre esa cifra, quien desee la intervención de un defensor público en su favor tendrá que cubrir todo el arancel o contratar por su cuenta a un abogado.
Ese mismo mecanismo de copago se utilizará para el resto de los servicios. El afectado tendrá la opción de pagar de una sola vez o hasta en 36 cuotas y si estima que el valor cobrado es demasiado alto, podrá apelar por una rebaja.
