SANTIAGO.- El Defensor Público, Rodrigo Quintana, considera que el gran desafío de la implementación de la Reforma Procesal Penal está en la ciudad de Santiago, donde operará desde fines de 2004, pues ésta concentra más de la mitad de los habitantes y delitos del país.
Quintana agregó que es un gran avance para el país el hecho que cada imputado cuente con un abogado al momento de enfrentar a la Justicia.
"El mayor logro (de la Reforma Procesal) es una cuestión que parece muy fácil y básica, pero que en Chile es una gran novedad, que es que toda persona que ha sido acusada de un delito y ha sido llevada ante la presencia judicial, en el marco del nuevo proceso, ha estado asesorada por un abogado, y en la mayor parte de los casos, un abogado proporcionado por el Estado", subrayó en entrevista con radio Cooperativa.
Quintana, que cumplirá un año en el cargo el próximo 28 de mayo, expresó que entre las tareas pendientes de la aplicación del nuevo sistema de Justicia está el lograr que la presunción de inocencia se instale como concepto en la sociedad.
"Es importante que la gente entienda que no por ser acusado de un delito, uno es necesariamente responsable", indicó el abogado.
El Defensor Público también explicó el proceso de asignación de abogados del organismo, los cuales -según establece la ley- deben ser profesionales titulados, y no estudiantes en práctica como ocurría en el antiguo sistema.
"No le interesa al Estado, y a nosotros no nos interesa subsidiar a personas que disponen de recursos para su defensa", indicó al comentar la escala de aranceles que tiene la institución, que define que aquellas personas que obtengan ingreso individual menor a $111 mil, estarán exentos de pago.
Quintana aclaró que el cálculo del ingreso toma en cuenta todos los gastos del individuo, así como de su grupo familiar, basándose en su real capacidad de pago.
En cambio, quienes perciban más de $441 mil como ingreso individual ajustado, deberán cancelar el total del costo de su defensa.
