Escalona plantea su iniciativa.
SANTIAGO.- Luego de escuchar las propuestas sobre derechos humanos que tanto la UDI como el Partido Socialista (PS) le presentaron al Presidente Ricardo Lagos, el vocero de La Moneda, Francisco Vidal, dijo que el Gobierno va a acoger las iniciativas siempre y cuando éstas signifiquen un avance en la búsqueda de la verdad, la justicia y de los mecanismos para reparar a los familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad.
El secretario de Estado dijo que el Ejecutivo esperará que la tienda de Pablo Longueira le entregue una propuesta formal en veinte días más y que los demás actores interesados expresen sus demandas, y cuando sea el momento oportuno un equipo de trabajo a cargo del ministro del Interior, José Miguel Insulza, se abocará a analizar en profundidad las iniciativas.
Vidal declinó referirse a si el Gobierno estudia la posibilidad de buscar un proyecto de ley que recoja los distintos planteamientos que se han formulado y dijo que "no hay que adelantarse porque estamos en la fase de recepción".
En todo caso, destacó el hecho de que la UDI haya iniciado un debate en torno a uno de los temas "que más nos ha dividido en las últimas décadas". "El avance en esta materia significa el reencuentro, la reconciliación, pero siempre en la verdad y en la justicia".
PS aboga por "reparación sin impunidad"
Tras reunirse por espacio de una hora con el Primer Mandatario, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, dijo que la propuesta de su colectividad apunta básicamente a una "reparación sin impunidad", es decir compensar los daños causados a las familias de las víctimas del régimen militar, pero sin que ello signifique detener los procesos judiciales, ni cerrar los juicios pendientes que se siguen contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Escalona descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo político con el gremialismo, al precisar que esta materia no es comparable a la agenda modernizadora del Estado u otros proyectos que carecen de contenido valórico.
"En el tema de los derechos humanos hay afectividades, sensibilidades e historias que no están resueltas. Para ser franco, yo no me siento en condiciones de suscribir un acuerdo político con la UDI en la medida en que ésta no reconozca que durante todos estos años fue un obstáculo para la reparación en el tema de los derechos humanos", afirmó el líder socialista.
En el encuentro sostenido con el Jefe de Estado, Escalona presentó un documento con nueve puntos, entre los que destacan legislar para que las familias de las víctimas consignadas en el informe Rettig puedan recurrir a los tribunales civiles y demandar una justa indemnización.
Sobre este punto el timonel socialista explicó que no se había podido avanzar hasta ahora, "no por ausencia de voluntad de la Concertación, sino porque básicamente las agrupaciones de derechos humanos tenían muchas dudas y distancias respecto de este punto", porque se podía confundir la indemnización a los familiares de las víctimas con un "pago por el dolor".
Asimismo, planteó crear la figura legal del "certificado de ausencia" como algo paralelo y distinto al de muerte presunta, de manera de legalizar trámites esenciales sin producir efectos en los procesos judiciales.
Por otra parte, expresó la necesidad de mejorar las actuales pensiones de reparación, y la atención integral de salud de los familiares de los detenidos desaparecidos a través del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS).
El timonel PS también mencionó la iniciativa que tiene como fin nombrar a Pisagua como monumento nacional, y la que apunta a mejorar el financiamiento del Servicio Médico Legal para que éste acelere la identificación de los restos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
En tanto, el Presidente de la UDI, Pablo Longueira se comprometió a entregarle al Presidente Lagos, en un plazo de veinte días, una propuesta formal que recoja las demandas de los familiares de detenidos desaparecidos de Pisagua.
En todo caso, adelantó que los planteamientos de dicha agrupación apuntan básicamente a que cada familiar tenga la posibilidad de buscar en forma individual el mejor camino para solucionar su situación particular.
"Las familias quieren que exista un espacio en que cada una de ellas voluntariamente decida qué camino optar. Por lo tanto con el legítimo respeto y derecho que tienen de seguir en la situación actual en los tribunales, y es por eso que ésta no es una propuesta de punto final, no es una propuesta que genere un cierre para todos los casos", dijo Longueira tras reunirse con el Primer Mandatario.
