SANTIAGO.- En forma unánime, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones negó nuevamente la libertad provisional al sacerdote José Andrés Aguirre, conocido como el cura Tato, quien está procesado por nueve delitos de abusos sexuales a menores y uno de estupro.
El Tribunal, conformado por los ministros Juan Muñoz, Alejandro Solís y el abogado integrante Francisco Tapia, confirmó de esta forma la decisión tomada por la jueza del 16° Juzgado del Crimen de Santiago, Rosa María Pinto, quien rehusó otorgarle el derecho por considerar que representa un peligro para la sociedad.
Esta mañana presentaron sus alegatos ante la corte el abogado Luis Arévalo, en representación del sacerdote, la abogada Isabel Ríos por el Sename, y la profesional Fabiola Maldonado, en representación de las familias de algunas de las víctimas del sacerdote.
La abogada Ríos, quien se mostró muy conforme con la decisión, argumentó ante los ministros que la libertad de Aguirre constituye un peligro para la seguridad de las ofendidas y de la sociedad, en razón a la cantidad de delitos que cometió y al carácter de los mismos, tesis similar a la expuesta por la abogada de las familias.
Ambas juristas insistieron además en que el tribunal debiera cambiar la figura penal al religioso por violación en vez de abuso sexual.
El abogado del sacerdote, en tanto, sostuvo que no hay impedimento para que su representado obtenga la libertad bajo fianza puesto que "no existen antecedentes en el proceso que permitan suponer que éste vaya a persistir en una determinada actividad delictiva, o que se vaya a sustraer a la acción de la justicia".
Respecto de los últimos informes siquiátricos realizados al cura Tato que concluyeron que éste sí es imputable, Arévalo sostuvo que el informe es bastante contradictorio, e insistió en que su defendido estaba enfermo al momento de cometer los delitos.
El profesional consideró además que si se condena a 10 años de presidio a Aguirre como se ha especulado, se cometería un exabrupto puesto que es un tiempo no acorde con el proceso.
El sacerdote fue encausado el 27 de diciembre pasado, por la jueza Rosa María Pinto, por delitos que corresponden al período en que el religioso estaba asignado a la parroquia San Isaac Jogues, de Quilicura.
