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Pehuenches solicitan a la justicia que paralice construcción de central Ralco

Roberto Celedón, quien representa a las familias Pehuenches que no han permutado sus tierras con la empresa Endesa, interpuso una medida precautoria con el fin de paralizar las faenas de construcción de la empresa Ralco.

30 de Mayo de 2003 | 13:30 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- El abogado Roberto Celedón, que representa a las familias Pehuenches que no han permutado sus tierras con Endesa, interpuso una medida precautoria con el fin de paralizar las faenas de construcción de la represa Ralco, cumpliendo así lo anunciado el día de ayer.

El abogado llegó hasta el Sexto Juzgado Civil de Santiago acompañado del diputado socialista Alejandro Navarro, quien manifestó su esperanza en que el juez Hadolff Ascencio decida a la brevedad sobre la solicitud.

Celedón interpuso la acción legal luego de que ayer, en la séptima reunión sostenida entre las familias, Endesa y el Gobierno, no se llegara a un acuerdo amistoso en el contexto de la acusación que los Pehuenches hicieron contra el Estado ante la comisión de derechos humanos de la OEA.

La presentación además se basa en la resolución del juez Ascencio, que el 15 de mayo pasado anuló todos los procedimientos que impulsó la Conama para autorizar el estudio de impacto ambiental de la empresa en septiembre de 1995.

El jurista argumentó además que se debe paralizar la construcción puesto que el muro de la represa actualmente tiene 100 metros de altura, lo que implica que si los niveles de lluvia aumentan, el túnel para el desvio de las aguas será insuficiente, y las tierras se inundarán de todas formas.

Asimismo, la medida precautoria tiene por objeto asegurar la eficacia de las resoluciones judiciales en términos de que lo decidido por ella sea materialmente ejecutable.

Esto porque según explicó Celedón, la resolución del juez Ascencio es de primera instancia, y por ello no adquiere de por sí fuerza ejecutoria, lo que implica que la parte demandada podría continuar con el proyecto "afectando gravemente los derechos y legítimas pretensiones de las actoras, en términos que se podría causárseles un daño irreparable e irreversible".
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