SANTIAGO.- El contralor general de la República, Gustavo Sciolla, rindió hoy una cuenta anual de la gestión realizada por el organismo fiscalizador durante el 2002, en la que ocuparon un lugar preponderante los casos de irregularidades detectadas al interior del Ministerio de Obras Públicas.
Al respecto, la autoridad afirmó que muchas de estas anomalías podrían haberse evitado si la entidad tuviera la facultad para imponer sus dictámenes a las reparticiones estatales.
"Al carecer nosotros de imperio, como por ejemplo en el caso Corfo Inverlink, -hicimos el año 1998 y 2001 varias observaciones- pero como no podemos imponerlas se produjeron irregularidades que a lo mejor pudieron haberse evitado".
Pese a ello, el contralor expresó un fuerte respaldo a los funcionarios del Estado que realizan sus labor con vocación de servicio público y llamó a no generalizar las irregularidades descubiertas recientemente, porque de lo contrario se cae en un espiral de desconfianza hacia los aparatos estatales.
Al respecto, recalcó el sentido del debido proceso y dijo que mientras no haya una sentencia de los tribunales de justicia para los casos de corrupción "no se puede estigmatizar ni descalificar a aquellos que están siendo procesados o sumariados".
Respecto de las anomalías detectadas en la cartera de Obras Públicas la Contraloría constató discrepancias entre las partidas contratadas y las ejecutadas entre el MOP y la empresa GATE el 2002.
Los contratos fueron adjudicados por la cuestionada compañía de Héctor Peña Véliz por un monto de 1.440 millones de pesos, hecho que motivó el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades.
La Contraloría le solicitó un informe al coordinador general de Concesiones el cual arrojó las siguientes conclusiones: Se cancelaron honorarios a 56 funcionarios del Estado y no se cumplió la normativa que regula la contratación de este personal, como la falta de precisión de sus remuneraciones, gastos improcedentes y traspasos de dineros no autorizados.
El informe detallado entregado hoy por Sciolla señala además que la entidad detectó anomalías en los contratos celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa de aseo Servilily.
Se examinaron los contratos suscritos por diversas direcciones de esa cartera con dicha empresa por un monto de 627 millones 339 mil 985 pesos, determinándose irregularidades que originaron la instrucción de un sumario administrativo el cual se encuentra en la etapa final de su investigación.
En la cuenta anual también se destacaron las irregularidades detectadas en la Corporación de Fomento (Corfo), respecto de las cuales el contralor recalcó que ya en 1998 la Contraloría había hecho presente las deficiencias de control que existían en las operaciones de la mesa de dinero.
En ese sentido, la Contraloría advirtió que "dichas operaciones carecían de procedimientos formales y que existía una inadecuada concentración de funciones en el operador" (Javier Moya), quien tenía a su cargo determinar el monto de los recursos que se invierten, seleccionar los instrumentos financieros e instituciones en las cuales efectuar tales inversiones y controlar los contratos de compraventa, relacionados con los pactos de retrocompra.
Pese a las observaciones del ente fiscalizador, en el año 2001 se reiteraron las deficiencias existentes en esa área, sin que se hubieran adoptado las medidas correctivas pertinentes. Esta es la razón por la cual el contralor insistió en la necesidad de dotar al organismo de la facultad para imponer sus dictámenes.
