SANTIAGO.- El ministro de Educación, Sergio Bitar, afirmó esta mañana que organizará un grupo de trabajo con rectores, alumnos y parlamentarios, para analizar el futuro de la política universitaria del país, la que -anticipó- debe tener una mirada de largo plazo, pues no es posible resolver los problemas en un día.
Junto con recalcar que cualquier reforma supone "universidades bien gestionadas", el secretario de Estado sostuvo en entrevista con radio Cooperativa que se debe realizar una "discusión nacional de cómo vamos a apoyar a las universidades", en la que se profundice sobre "la política de financiamiento universitario y de funcionamiento del sistema universitario chileno del 2002 al 2010, con una mirada a ocho años plazo".
"Hasta acá hemos cumplido una etapa, ha sido una etapa importante de expansión", añadió el ministro, quien destacó que el crecimiento de la educación superior en Chile es el más alto de Sudamérica.
Bitar dijo además que no se está frente a "un problema simple", pero rechazó la críticas de los dirigentes estudiantiles, quienes han afirmado que el Gobierno no ha entregado recursos adicionales a las universidades para solucionar el déficit en el Crédito Solidario.
"Hay recursos frescos, y son importantes, (...) Son más de 50 mil millones de pesos que fueron aprobados en el presupuesto para el 2003, más algunos recursos adicionales que hemos logrado buscar por todos lados, porque queremos ayudar", sentenció.
Asimismo, explicó que el Ministerio de Educación "transfiere recursos para determinadas funciones a las universidades, y ellas manejan esos recursos y ellas resuelven", y culpó a las políticas de las mismas casas de estudios por muchas de las crisis económicas que viven
"La Universidad de Santiago (Usach) -ejemplificó- está una situación bastante delicada. Eso es consecuencia también de medidas tomadas por la propia universidad en la última década", subrayó.
Finalmente la autoridad de Gobierno advirtió que muchas instituciones crean carreras que no pueden financiarse, y que no realizan un cobro efectivo de los créditos a sus alumnos egresados, todo lo que conlleva a que tengan déficit presupuestarios que no dependen del Estado.
