SANTIAGO.- La Coordinadora de Organizaciones y entidades Mapuches de Chile entregó hoy una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, en la que señala que el Estado chileno ha vulnerado los "derechos colectivos del pueblo mapuche" al aprobar la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en la Octava Región.
La nueva represa que utilizará las aguas del río Biobío, 500 km. al sur de Santiago, creará un lago artificial que inundará más de 3.000 hectáreas de tierras pertenecientes a esas comunidades, según el proyecto en marcha.
"Como parte de una nación originaria, anterior a la formación de los Estados americanos, denunciamos que el Estado de Chile contraviene los acuerdos suscritos a nivel internacional y contraviene los principios y criterios más básicos de la propia OEA", expuso la misiva.
Una de las cuatro propietarias que no han permutado sus terrenos con Endesa, Berta Quintremán, se entrevistó hoy con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde febrero de este año analizan el caso.
En su presentación, denunció que la construcción de la central hidroeléctrica "ha provocado graves conflictos sociales, culturales y ambientales" y que el Estado chileno no ha tenido la voluntad de reconocer la existencia de los pueblos originarios del país.
Ayer, el juez del Sexto Juzgado civil de Santiago, Hadolff Ascencio, acogió a medias una petición de los indígenas para detener la construcción de la central.
En su resolución el magistrado ordenó que las obras de la represa -que están avanzadas en un 85%- pueden continuar, pero que los territorios que no se pueden inundar los territorios que no han sido permutados.
El mismo juez declaró nulo el 15 de mayo pasado el Estudio de Impacto Ambiental efectuado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) que autorizó la construcción de la Central, así como todos los procedimientos administrativos concernientes al citado estudio.
