VALPARAÍSO.- El diputado independiente pro UDI Ramón Pérez Opazo solicitó al Ejecutivo que otorgue urgencia a los proyectos de ley sobre responsabilidad penal juvenil y hurto.
Al respecto, sostuvo, que a pesar que los delitos cometidos por menores de 18 años y las sustracciones al comercio aumentan cada día, la lenta tramitación de los proyectos que buscan otorgar nuevas herramientas a los tribunales, impiden que las necesarias modificaciones legales entren en vigencia.
En el caso de la responsabilidad penal juvenil -que pretende hacer imputables de delitos a los mayores de 14 años- la iniciativa se encuentra radicada en la Comisión de Constitución, instancia en la que "está entrampado desde noviembre del año pasado".
Asimismo, Pérez, explicó, que diversos estudios demuestran las altas probabilidades de que los jóvenes entre 14 y 18 años, que han delinquido por primera vez, se conviertan en el futuro cercano en autores de ilícitos de alto impacto social.
Si bien nuestra legislación exige comprobar el discernimiento del menor que ha cometido un hecho delictivo, cuando tiene más de 16 años y menos de 18, para poder considerarlo imputable o inimputable por ese delito, para el diputado establecer una edad razonable a partir de la cual un menor es responsable desde el punto de vista penal, es un problema complejo pero necesario de abordar.
Algunos se oponen a la idea de eliminar el trámite de discernimiento y determinar la imputabilidad de los jóvenes en los 14 años. Sin embargo, a juicio del congresista, lo anterior significaría aumentar el costo de cometer un delito, ya que el responsable será juzgado como adulto y puede tener un efecto positivo en aminorar la delincuencia juvenil.
En cuanto al proyecto que aumenta las sanciones para el denominado hurto "hormiga", el parlamentario señaló que la iniciativa busca incrementar la penalización de verdaderas bandas organizadas que mediante su accionar premeditado y programado, roban mercaderías de los recintos comerciales y abastecen al comercio clandestino e ilegal.
Añadió que el juez, una vez que reciba la denuncia, deberá pronunciarse y otorgar la protección cuando sea pertinente, para evitar las amenazas que impiden denunciar los delitos.
Un aspecto importante, es que la mercadería hurtada no tendrá que ser presentada a los juzgados como medio de prueba, si no que sólo bastará dar a conocer el precio público de los enseres.
En este sentido, el parlamentario manifestó que esto último permite aliviar el costo económico a las víctimas.
Cabe mencionar que esta última iniciativa se encuentra radicada en el Senado tras haber sido aprobada por la Cámara de Diputados.
