VALPARAISO.- Con carácter de suma urgencia el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que busca proteger a los afiliados a las Instituciones de Salud Previsional (isapres), en el caso que éstas quiebren y no puedan cumplir sus obligaciones.
El Ejecutivo, que envió la propuesta a través de la Superintendencia de Isapres, busca con ella que no se vuelvan a producir situaciones como la ocasionada hace unos meses con el caso Inverlink, propietario de la isapre Vida Plena, donde se vieron afectados cerca de 50 mil afiliados.
El proyecto faculta por primera vez a dicha superintendencia para que disponga a los afiliados en otras entidades, siempre y cuando se trate de personas que no hayan sido aceptadas en ninguna parte debido a que son rechazadas por tener alguna preexistencia, por ser mayores de edad o cualquiera sea la razón.
Para tales efectos, el ente de salud diseñó un sistema de cuatro etapas que protegerá de las quiebras a los afiliados, sus cargas y los prestadores de servicios.
Se trata de una fórmula legal que incluye la obligación de venta de la cartera de clientes (beneficiarios) y en último caso la distribución homogénea de éstos entre el resto de las isapres.
Tras negociar durante dos meses con el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas, la Superintendencia de Isapres resolvió exigir una serie de garantías financieras, traducidas en indicadores, que en caso de no cumplirse gatillan la inmediata puesta en marcha un plan de cuatro fases.
El superintendente, Manuel Inostroza, dijo que el primer paso es exigir a la isapre cuestionada un plan de contingencia, que debe aprobar el organismo fiscalizador.
Si ello no prospera, la superintendencia tendrá la facultad de exigir a la junta de accionistas de la empresa que en 30 días aumente su patrimonio o inyecte recursos por otra vía.
Si el problema persiste, la tercera etapa consiste en exigir a la junta de accionistas que licite la cartera de clientes o venda la isapre.
Finalmente, si no se produce la venta de la cartera de clientes o si la junta se niega, la superintendencia podrá al día hábil siguiente iniciar el reparto de los afiliados al sistema.
