SANTIAGO.- Cinco puntos centrales tiene la propuesta de derechos humanos de la Unión Demócrata Independiente, que fue entregada por el presidente del Partido, Pablo Longueira, al ministro del Interior, José Miguel Insulza, cerca de las 11:00 de esta mañana en su domicilio.
La propuesta apunta, entre otras cosas, a que el Presidente de La República presente un proyecto de ley de indulto general que beneficie a todos los condenados por conductas terroristas, en virtud de hechos perpetrados entre el 11 de marzo de 1990 y la fecha de publicación de esta ley, que hayan cumplido más de 10 años de prisión efectiva.
"Específica y adicionalmente llamamos al Presidente de la República a utilizar los instrumentos diplomáticos y jurídicos conducentes a que Mauricio Hernández Norambuena, condenado a presidio perpetuo y, asimismo, los demás partícipes a cualquier título en el asesinato de nuestro líder y fundador, Jaime Guzmán, sean extraditados desde los países donde se hallen, o puedan reingresar al territorio nacional, con la plena seguridad jurídica de que se beneficiarán en Chile de los efectos de esta ley general de indultos. Comprometemos a la aprobación de esta todo nuestro apoyo", señala el texto.
Al respecto, Longueira dijo que no ha sido fácil para la UDI dar este paso, pero que lo hacen en aras de la reconciliación del país. "Hemos entregado lo más valioso que nosotros podemos tener, que es el dolor de la muerte" de Jaime Guzmán.
Otro punto del documento, que tiene 22 carillas de extensión, se refiere a crear una nueva ley de reparaciones que mejora las condiciones legales vigentes tanto en los montos de sus pensiones, como en otros beneficios de educación y salud para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, propone establecer un nuevo sistema indemnizatorio que sea voluntario y se aplique caso a caso, creando derechos exigibles ante el Estado aún si la acción estuviese prescrita.
Además abre un plazo de seis meses para que las familias beneficiarias puedan solicitar al Consejo de Defensa del Estado una indemnización por gracia y faculta a dicho organismo para acordar transacciones con el demandante, todo ello en el ámbito civil.
En tanto, propone la apertura de un plazo para que el juez de la causa pueda recibir información eficaz, con rebaja de penas para quienes lo hagan si fueren autores o cómplices de los hechos delictivos. Si los restos de los detenidos desaparecidos aparecen el juez podrá declarar el fallecimiento de la persona. De lo contrario, vencido el plazo, el juez puede, pese a no encontrar los restos, determinar que continúa el secuestro. De formarse la convicción de que la persona ha fallecido, podrá establecerlo con las respectivas consecuencias procesales que el juez deberá establecer.
El documento propone además que se adopten las medidas necesarias para que el servicio Médico Legal opere con eficacia en las pericias judiciales encargadas; que los procesos sobre derechos humanos tenga preferencia en la vista de la causa, y que se mantengan los jueces con dedicación exclusiva.
Asimismo, la UDI plantea dictar una ley que permita rehabilitar el nombre de quienes fueron condenados por delitos de traición según calificaciones jurídicas propias de la época; así como erigir un monumento por la vida y la paz en recuerdo de todas las víctimas de la violencia de ese período, como una señal de compromiso para que ello nunca más vuelva a ocurrir.
El documento que contiene la propuesta de derechos humanos no fue entregado como estaba previsto en una audiencia con el Presidente Ricardo Lagos, sino que se hizo por medio del ministro José Miguel Insulza.
Al respecto, Longueira aclaró que la UDI desechó la idea de acudir a La Moneda argumentando que no les interesa hacer "un show". Sin embargo, se presume que la esperada cita fue abortada debido a las pugnas entre el Gobierno y la oposición que se produjeron a raíz de las declaraciones del Primer Mandatario, quien criticó duramente a la derecha por no apoyar el alza tributaria para financiar los planes sociales, y emplazó a ese sector a hacer un mea culpa por su responsabilidad política en el régimen militar.
