SANTIAGO.- Doce años de presidio deberá cumplir el ex sacerdote José Andrés Aguirre, conocido como "cura Tato", por los nueve delitos de abuso sexual contra menores y uno de estupro que se le atribuyen.
La sentencia de primera instancia le fue notificada al ex religioso pasadas las 9:30 de la mañana de hoy por la jueza Rosa María Pinto, en dependencias del 16º Juzgado del Crimen de Santiago, hasta donde también llegaron las defensas de las familias cuyas menores fueron afectadas por el ex sacerdote.
Un resumen de la resolución de 180 páginas entregada por el Tribunal sostiene que "se condenó a José Andrés Aguirre como autor de delitos reiterados de abusos deshonestos en la persona de 10 menores de edad y además como autor de delito de estupro reiterado en la persona de una de esas menores, hechos cometidos en la comuna de Quilicura, a partir del año 1998 y hasta el año 2002, a la pena de doce años de reclusión mayor en su grado medio, a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena".
Tal como se esperaba, en lo civil se condenó al ex sacerdote al pago de 50 millones de pesos por concepto de indemnización del daño producido por los delitos reiterados de abusos deshonestos y estupro, cometidos en la persona de dos menores.
Asimismo, la jueza condenó al Arzobispado de Santiago a pagar solidariamente a los demandantes -padres de las víctimas- la indemnización antes referida. Esto es sólo si el ex sacerdote no tiene recursos para costearla.
La suma es bastante menor a los $202 millones que los abogados habían solicitado como reparación.
NO obstante, la Iglesia podría liberarse del pago, puesto que la propia jueza afirmó que Aguirre sí tiene dinero, dando como ejemplo la casa que posee en Quilicura, que fue embargada en el marco del proceso.
Según informó la propia jueza el ex religioso apeló de inmediato a la resolución puesto que sólo esperaba una condena de 541 días de presidio.
Afectados disconformes con la sentencia
Tanto la abogada del Sename, Isabel Ríos, como la representante de las dos primeras denunciantes, Fabiola Maldonado, se mostraron disconformes con la resolución sobre todo porque la magistrada no acogió la solicitud de recalificar el delito de abuso deshonesto al de violación.
Al respecto, la propia jueza sostuvo que "en derecho, específicamente en derecho penal, los hechos tienen que ser probados. No se probó el delito de violación, sí se probó el delito de abuso deshonesto, y sí se probó el estupro, que es muy parecido a una violación. Es una violación en una menor de más de 12 años".
La abogada Maldonado, quien representa a las víctimas que primero denunciaron al ex sacerdote, se mostró conforme con la resolución de la jueza de ordenar una indemnización a las familias de las afectadas, "sin prejuicio de que consideramos que el monto debería ser sustancialmente mayor en base a que estamos postulando a una recalificación".
Maldonado agregó que una vez que estudie el fallo es probable que apele para que se recalifique el delito.
El Arzobispado, que deberá pagar solidariamente la indemnización en caso de que Aguirre no pueda hacerlo, emitirá una declaración pública luego de estudiar la resolución.
El ex sacerdote fue trasladado cerca de las 9 de esta mañana desde la ex Penitenciaría, donde permanece recluido desde octubre del año pasado, para ser notificado de su condena.
La magistrada Pinto investiga al "cura Tato" desde septiembre del año pasado, cuando fue denunciado por cometer abusos contra dos niñas.
El sacerdote fue detenido en el aeropuerto Pudahuel el 5 de octubre pasado, cuando volvía de Honduras, hasta donde viajó autorizado por la Iglesia luego de las primeras acusaciones en su contra.
Tras la investigación, la jueza procesó a Aguirre por nueve abusos deshonestos y un estupro cometidos en contra de niñas de la comuna de Quilicura, donde el ex sacerdote se desempeñaba entoces como párroco en la capilla San Isaac Jogues.
El 14 de marzo pasado el Arzobispado de Santiago recibió de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la notificación en la que constaba la resolución de dispensar de todas las obligaciones conexas a la sagrada ordenación al sacerdote José Andrés Aguirre, es decir, perdía su "estado clerical".
